El restablecimiento del despacho de buses anunciado por la Terminal de Transporte de Cali hacia municipios como Florida, Valle y Corinto, en el Cauca, contrasta con la tensa realidad que enfrentan los conductores. En esta zona del país, el miedo sigue siendo el principal obstáculo para la normalización del servicio intermunicipal.
Transportadores denuncian que integrantes de la disidencia Dagoberto Ramos citan a conductores y propietarios para exigirles pagos de hasta un millón de pesos mensuales por vehículo, a cambio de permitirles transitar. Estas cuotas ilegales, según los afectados, se cobran en municipios como Toribío, Corinto, Miranda y hasta Florida, en el Valle del Cauca.
El conductor afectado, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, afirmó que los grupos armados marcan con grafitis los buses que ingresan a estos territorios como supuesto “permiso” para circular. Advirtió que, si alguien borra esas marcas, podrían destruir o quemar el vehículo.
“Pintan semanalmente entre cuatro y cinco vehículos, y lo más probable es que empiecen a quemarlos. Los propietarios dicen que no es rentable mantener las rutas, primero por la piratería e informalidad, pero además por la extorsión que pretenden cobrar los grupos armados”, explicó el transportador.
El temor se intensifica con cada amenaza. Los propietarios, ante la imposibilidad de asumir pagos tan altos y el riesgo de perder sus vehículos, han comenzado a suspender gradualmente los viajes hacia estas zonas.
Impacto en las comunidades y economía regional
La situación no solo afecta a los transportadores. Habitantes de Cali, Florida y otros municipios temen que más rutas sean suspendidas, lo que podría aislar comunidades enteras y afectar el comercio local. Para muchos, los buses intermunicipales son el único medio de conexión con centros urbanos para acceder a servicios de salud, educación y abastecimiento de alimentos.
Pese a los anuncios oficiales sobre la reactivación de viajes, en la práctica los desplazamientos son cada vez más escasos. Las empresas de transporte se ven atrapadas entre la necesidad de prestar el servicio y el riesgo latente para sus trabajadores.
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Mientras tanto, los pasajeros siguen a la expectativa, sin garantías claras de seguridad y con la incertidumbre de no saber si la próxima semana podrán viajar con normalidad hacia el norte del Cauca. La extorsión, convertida en un peaje ilegal, amenaza con dejar incomunicada una región que ya convive con la violencia y la intimidación armada.
