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Ocho años de cárcel, la máxima pena para el menor que atacó a Miguel Uribe

El joven podría recuperar su libertad a los 23 años, sin antecedentes penales que limiten su futuro legal

El menor de 15 años que disparó contra el congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay conocerá su condena el próximo 27 de agosto, sin enfrentar cargos por homicidio agravado. La razón, según el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, radica en que el menor ya aceptó cargos por tentativa de homicidio antes del fallecimiento del político, lo que impide agregar nuevos delitos a su proceso.

Durante la audiencia de acusación realizada hace pocos días, el procesado admitió haber accionado una pistola 9 milímetros tipo Glock contra Uribe Turbay. Con ello se acogió a sentencia anticipada, figura jurídica que reduce los tiempos del juicio y permite una eventual rebaja en la condena. La aceptación de cargos ocurrió antes de que el senador muriera a consecuencia de las heridas, por lo que la Fiscalía no puede modificar la calificación jurídica del caso.

Fuentes judiciales explicaron que, en el marco legal para menores de edad, no se puede adicionar un delito posterior a la aceptación inicial. Esto impide que se le impute homicidio agravado, a pesar de que el ataque derivó en la muerte de la víctima.

Pena máxima de ocho años

De acuerdo con la legislación vigente, la mayor sanción posible en este caso es de ocho años de privación de libertad. Así, el joven podría recuperar su libertad a los 23 años, sin antecedentes penales que limiten su futuro legal. La audiencia donde el juez fijará la condena será reservada, debido a la edad del procesado y a la obligación legal de proteger su identidad.

La Fiscalía General de la Nación no descarta que la planeación y ejecución del ataque contra Uribe Turbay tenga relación con algún grupo armado ilegal. Aunque no se han revelado detalles específicos, la entidad confirmó que esta línea de investigación sigue abierta y que se indagan posibles autores intelectuales del atentado.

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El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cuando el congresista realizaba actividades proselitistas. Dos meses después, el lunes 11 de agosto el precandidato presidencial falleció por complicaciones derivadas de las heridas de bala. La Fiscalía afirmó que la investigación no ha cesado desde ese día y que se han adelantado labores de inteligencia para esclarecer todos los responsables.

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