En sus palabras de último adiós dirigidas a Miguel Uribe Turbay, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que es “inaceptable recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar” el magnicidio de Uribe Turbay. A su vez, señaló que algunos militantes de la UP estaban vinculados al secuestro y asesinato. Esos señalamientos causaron rechazo en figuras políticas, así como de la UP y hasta el propio presidente Gustavo Petro.
La UP aseguró que las declaraciones del expresidente “no solo incurren en la estigmatización sino que minimizan las graves violaciones de derechos humanos” que se cometieron contra la UP. Por eso, hizo un llamado de atención para no negar la memoria, ya que esto “reabre heridas aún no cerradas”. También anunció medidas legales contra Uribe. Por su parte, la senadora y directora de la UP, Aída Avella, señaló que en 2007 denunció ante la Cidh la incidencia del paramilitarismo en Antioquia bajo la Gobernación de Uribe.
Los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar y María José Pizarro, también rechazaron las declaraciones. Por su lado, el presidente Petro dijo que el expresidente “está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”. Por eso, además recordó el asesinato de Jaime Garzón, ordenado por un asesor del gobierno Uribe.
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Las declaraciones de Uribe contra la UP
Al estar preso, Uribe no pudo estar presente en la velación, funeral y entierro de Uribe Turbay. Por eso, sus declaraciones fueron leídas por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en el Salón Elíptico del Congreso. Su discurso fue calificado de ser “politiquero” y “estigmatizante” contra la izquierda y el gobierno de Gustavo Petro, a quien responsabilizó políticamente del magnicidio contra Uribe Turbay.
“Sacrificaron el árbol fresco del Jardín de la Democracia”, dijo Vallejo al leer las palabras de Uribe. Aunque el expresidente recordó la figura de Miguel Uribe, también arremetió contra el gobierno Petro y contra las declaraciones de figuras de izquierda que recordaron el genocidio de la UP para rechazar el magnicidio contra Uribe Turbay, así como la violencia política.
“El mundo debe saber que es inaceptable la tesis socorrida del régimen de recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar este magnicidio y los desafíos amenazantes sobre la oposición”, dijo. A su vez, dijo que “ningún presidente de Colombia fue instigador contra la UP” y resaltó que bajo su gobierno todos los miembros de la oposición tuvieron garantías.
El expresidente además señaló que algunos miembros de la UP “promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia” y que “sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen”.
Una dosis de historia sobre el genocidio a la UP
La Unión Patriótica nació como partido político tras los Acuerdos de La Uribe, firmados en 1985 por el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 5733 militantes de la UP fueron asesinados o desaparecidos desde su fundación hasta el 2016. La JEP determinó que 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.
Entre las víctimas del exterminio hubo 5 congresistas en ejercicio y 2 candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. En 2002 perdió su personería jurídica y tras años, en 2023 el Consejo de Estado reconoció que lo que le ocurrió a este partido fue un genocidio político y le devolvió la personería al considerar que no tuvo condiciones suficientes para presentarse en las elecciones a lo largo del tiempo.
Figuras de la izquierda y de la misma UP han responsabilizado políticamente a los gobiernos anteriores por contribuir a su estigmatización y no velar por su protección. Particularmente señalan a Álvaro Uribe. Primero, porque bajo su Gobernación en Antioquia, entre 1995 y 1997, hubo varios asesinatos contra la UP en ese departamento.
En el 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable del genocidio político contra la UP. Esto se debió a la participación de miembros de la Fuerza Pública (Ejército, Policía Nacional) y organismos de inteligencia (como el extinto DAS) en los crímenes, ya sea de forma directa o por su colaboración y tolerancia con grupos paramilitares.
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