El atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio durante un evento político en el occidente de Bogotá, no solo dejó conmoción nacional. También abrió un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus funcionarios y los derechos económicos que amparan a sus familias en casos como este.
En medio de las discusiones, juristas y analistas han recordado que la legislación colombiana contempla un régimen especial para los congresistas que fallecen en ejercicio de sus funciones. Esto incluye una pensión de sobrevivientes equivalente al 75% de su salario mensual, beneficio que sería vitalicio para el cónyuge y se extendería hasta los 25 años para los hijos que continúen estudiando.
Doble vía: régimen especial o cobertura de la ARL
De acuerdo con expertos, como el abogado Andrés Barrera, este tipo de casos también encajan en la definición de “accidente laboral”, ya que el crimen se perpetró en un contexto ligado a la labor política del legislador. Por ello, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) podría otorgar una prestación con el mismo porcentaje de reemplazo salarial, sumada a otros beneficios adicionales.
Sin embargo, la ley es clara: la familia no podría recibir simultáneamente la pensión del régimen especial y la de la ARL. Debería escoger cuál de las dos es más conveniente. En este punto, Barrera resalta que la ARL ofrece un trámite más rápido y sin exigencia de semanas mínimas cotizadas, lo que puede significar un alivio económico inmediato.
Actualmente, el salario de un senador bordea los 51,5 millones de pesos, distribuidos entre asignación básica, gastos de representación y una prima especial. El cálculo del 75% sobre ese monto refleja un ingreso mensual alto, aunque el proceso para acceder dependerá de la vía elegida.
Posible demanda contra el Estado por omisión
Más allá del componente pensional, otro frente de discusión apunta a una eventual indemnización por responsabilidad estatal. El penalista Francisco Bernate ha recordado que Colombia ya ha sido condenada en el pasado por no garantizar la seguridad de figuras públicas que habían alertado sobre amenazas.
En el caso de Miguel Uribe, la investigación preliminar indica que hubo decenas de solicitudes de refuerzo a su esquema de seguridad, algunas de ellas ignoradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el abogado de la familia, Víctor Mosquera, estas peticiones superan el medio centenar.
Para Bernate, el historial de advertencias y la falta de respuesta configuran una omisión grave, incluso si se confirma la participación de estructuras criminales y terceros en el asesinato. El Consejo de Estado deberá decidir si este antecedente es suficiente para condenar al país a pagar una reparación económica.
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El caso no solo toca el dolor de una familia y de sus seguidores, sino que podría sentar un precedente importante sobre cómo el Estado protege a quienes ejercen cargos de alto riesgo. Entre el duelo, las cifras y las demandas, persiste una pregunta de fondo: ¿está Colombia cumpliendo con su deber de cuidar a quienes representan a la ciudadanía, incluso cuando su labor incomoda a determinados sectores?
