Este 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe y ordenó su libertad inmediata. Esto, hasta que llegue una decisión en segunda instancia sobre el fallo condenatorio en su contra por fraude procesal y soborno en actuación penal. El Tribunal ordenó que se emita su boleta de libertad.
El expresidente lleva 19 días detenido en su finca en Rionegro, Antioquia. Desde ahí, ha sido activo políticamente. Se reunió con políticos nacionales e, incluso, de Estados Unidos. También ha estado cuadrando la movida del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2026 y ha seguido con sus críticas al gobierno de Gustavo Petro a través de sus redes sociales.
El Tribunal argumentó amparar el derecho a la libertad individual del expresidente y dejó sin efecto “el numeral cuarto” de fallo condenatorio emitido el pasado 1 de agosto por Sandra Heredia, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá quien halló responsable a Uribe en dos de tres delitos en el caso de manipulación de testigos.
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El Tribunal dice que los argumentos de la jueza fueron “vagos”
La jueza Heredia determinó que Uribe “instrumentalizó” a Diego Cadena para recoger testimonios en cárceles de exparamilitares. El propósito, tal como dijo, era ofrecerle beneficios judiciales a cambio de declarar en contra del senador Iván Cepeda. De acuerdo con la jueza Heredia, Uribe sabía que los testimonios recogidos por Cadena eran falsos y aun así, autorizó presentarlos como pruebas ante la justicia.
Heredia ordenó casa por cárcel inmediata contra el expresidente por razones como la “preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos” y “el reconocimiento a nivel internacional del exmandatario, por lo que le resultaría fácil abandonar el país para eludir la sanción impuesta”. Heredia además argumentó que ordenar su detención “evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad, pese a una condena”.
Sin embargo, para el Tribunal, esos argumentos no fueron suficientes. “Los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción
ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social”, dice el Tribunal.
Además, el Tribunal asegura que la jueza “destacó el reconocimiento público” de Uribe, cuando él solo debe responder por los delitos cometidos, “no por su personalidad, ideas ni características”. A su vez, señaló que la peligrosidad indicada contra el expresidente fue totalmente “subjetiva”. Ese tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la Ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad lo cual, también resulta desproporcionado en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria”, concluyó.
¿Qué sigue?
Una sala de tres magistrados del Tribunal de Bogotá tiene hasta el 15 de octubre para decidir en segunda instancia si mantiene la condena a Uribe o si archiva el proceso. En esa fecha, si no hay decisión, prescribe el caso. La decisión llegará en respuesta a la apelación presentada por Jaime Granados, abogado defensor del expresidente.
Uribe es un actor clave para la política colombiana. En medio de su juicio, condenado y privado de la libertad se movió para las elecciones del 2026. Ahora, en libertad, podrá seguir moviendo sus fichas para las presidenciales, particularmente en el marco de la polémica por el posible ingreso de un quinto precandidato en reemplazo de Miguel Uribe.
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