El representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, será investigado formalmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, debido a presuntos cobros indebidos a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La investigación busca determinar si el congresista solicitaba parte de los salarios a su equipo a cambio de mantener sus puestos.
El magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, lidera el caso y definirá próximamente la fecha en que escuchará a Racero en indagatoria. La Corte Suprema investiga directamente las consignaciones que integrantes de su UTL hicieron a las cuentas del congresista y si él asignó a alguno de sus funcionarios a labores en su negocio particular.
Según el alto tribunal, estas consignaciones podrían estar relacionadas con pagos que Racero habría exigido para que los miembros conservaran sus cargos en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo que configuraría un presunto delito de concusión.
Denuncias previas y solicitud de investigación
Las denuncias sobre los supuestos cobros se conocieron en septiembre de 2024, cuando Racero mismo solicitó a la Procuraduría y a la Corte Suprema que investigaran su gestión al frente de la UTL. En ese momento, expresó:
“Solicito comedidamente que, dentro del ámbito de sus competencias funcionales, se investigue mi proceder como congresista al frente de la gestión de la UTL a mí asignada, no solamente en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de representante.”
El caso ganó notoriedad tras la publicación de mensajes de WhatsApp por parte del periodista Daniel Coronell, en los que supuestamente Racero solicitaba parte de los salarios de su equipo y habría asignado a personal público a atender un negocio privado suyo, un mercado fruver.
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Además, el congresista ha señalado que los mensajes corresponden a préstamos frecuentes entre él y Estefanía Montoya, miembro de su UTL, y que no necesariamente reflejan cobros sobre salarios. Por su parte, Montoya cuestionó la autenticidad de los pantallazos y afirmó que los dineros mencionados no estaban vinculados a su remuneración.
La Corte Suprema continúa recopilando evidencia y estableciendo la cronología de los hechos, mientras Racero se prepara para la audiencia de indagatoria. El caso se mantiene bajo reserva procesal, y la investigación determinará si existen responsabilidades penales por concusión o uso indebido de personal público en actividades privadas.
