La cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., creada por el humorista Pedro González, llegó al límite de su resistencia financiera. El 25 de agosto de 2025, la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación judicial tras constatar el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos durante el proceso de reorganización empresarial.
El negocio, que se ganó un lugar en la mesa de los colombianos con platos típicos y un ambiente familiar, había intentado sobrevivir a la crisis durante casi tres años. Sin embargo, las deudas con entidades públicas y privadas, sumadas a las obligaciones laborales y fiscales, terminaron por hacer inviable la continuidad de la compañía.
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Cifras que revelan la magnitud del problema
Con corte al 30 de junio de este año, la cadena registraba activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones, un frágil equilibrio que evidenciaba la imposibilidad de sostener sus operaciones. Pese a contar con 33 restaurantes en todo el país y 183 empleados directos, los ingresos no lograron compensar el peso de las obligaciones.
Desde agosto de 2022, la empresa había ingresado al proceso de reorganización, figura que buscaba salvarla de la quiebra. No obstante, el incumplimiento con la Dian, Colpensiones, fondos de pensiones privados y el pago de impuestos como el de consumo, mostró que la recuperación era insostenible. Tras cinco audiencias de seguimiento, el juez del concurso determinó que la compañía no tenía cómo garantizar su viabilidad.
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La decisión final y sus implicaciones
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, confirmó que se agotaron todas las alternativas para salvar la empresa. A pesar de los esfuerzos de los acreedores y de la entidad, el incumplimiento persistió, lo que llevó a abrir la liquidación judicial conforme a la Ley 1116 de 2006. Con este proceso, se busca garantizar un manejo ordenado de los bienes, priorizar el pago a los acreedores y minimizar el impacto en el sector gastronómico.
La liquidación marca un duro golpe para la gastronomía nacional, pues se trata de una marca reconocida que se convirtió en punto de encuentro para las familias colombianas. Ahora, el futuro de sus activos y el cumplimiento de las obligaciones financieras quedará en manos del proceso judicial.
