El Gobierno nacional comenzó la fase de vigilancia de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que entró en vigor el pasado 26 de junio tras superar un complejo debate en el Congreso. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que su cartera adelantará inspecciones en empresas de diferentes sectores con el fin de constatar el pago correcto de recargos nocturnos y dominicales, una de las principales transformaciones que contempla la norma.
“Vamos a realizar una inspección general en todo el país, con el propósito de comprobar si se les está reconociendo a los trabajadores el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. y el pago dominical del 80%, como lo ordena la ley”, explicó el jefe de la cartera laboral, quien además confirmó que se incrementará el número de inspectores a más de 2.000 para cubrir la demanda de visitas.
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Sanguino también indicó que la implementación de la reforma requiere la reglamentación de 25 de los 70 artículos aprobados por el Congreso. Para ello, el Ministerio trabaja en la expedición de decretos, resoluciones y circulares que permitan poner en marcha los cambios de manera efectiva.
La Reforma Laboral implica 90 compromisos
En este proceso se reactivó la Comisión Permanente de Concertación Laboral, en la que participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT Américas), centrales obreras y gremios empresariales. De acuerdo con el ministerio, la reforma implica 90 compromisos, de los cuales 67 deberán aplicarse en lo que resta del año, incluyendo medidas de formalización, programas de empleo juvenil y nocturno, así como la creación de un marco especial para los contratos agropecuarios.
No obstante, la normativa ya genera controversia. El precandidato presidencial David Luna anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional por presuntas irregularidades en el artículo 19, que reconoce experiencia laboral a personas privadas de la libertad, lo que, según él, podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Con estos avances y cuestionamientos, la reforma entra en una etapa decisiva: el reto del Gobierno será garantizar su correcta ejecución en las empresas, al tiempo que enfrenta las críticas y demandas que han surgido alrededor de su articulado.
