El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de Rose Cay, conocido como Cayo Acuario, tras confirmar un grave deterioro ecológico en la zona. La medida surge como respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre la presión ambiental generada por el turismo masivo.
El fallo también incluyó restricciones en el acceso a Haines Cay, donde se aplicarán cierres periódicos para permitir la recuperación del ecosistema. Con esta decisión, la justicia busca proteger derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano y la preservación del equilibrio ecológico en una de las reservas naturales más valiosas del Caribe colombiano.
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Impactos del turismo masivo en la reserva
Las autoridades ambientales comprobaron que la actividad turística en estos cayos funciona sin la infraestructura mínima para garantizar la sostenibilidad. La operación de establecimientos sin servicios básicos, la descarga de aguas residuales al mar y la erosión causada por embarcaciones han acelerado el deterioro de la zona. Ante este panorama, el Tribunal dispuso desmontar estructuras fijas, realizar estudios técnicos y reubicar las actividades comerciales bajo parámetros de sostenibilidad.
El Ministerio Público advirtió que la situación representa una alta inestabilidad ambiental, razón por la cual se aplicó el principio de precaución. Esta decisión, según la Procuraduría, busca frenar el daño antes de que los ecosistemas lleguen a un punto de no retorno. La Reserva de Biósfera Seaflower, reconocida por la Unesco, enfrenta así uno de sus mayores desafíos de conservación.
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Prácticas ilegales y consecuencias legales
La crisis ambiental coincidió con recientes hallazgos de turismo ilegal en la zona. El pasado 14 de julio, la Armada, la Policía Nacional y la Corporación Coralina sorprendieron a tres personas realizando cebado de tiburones y mantarrayas en Cayo Acuario. Esta práctica altera el comportamiento natural de las especies, rompe la cadena alimentaria y aumenta el riesgo de accidentes con turistas.
Los responsables fueron capturados y enfrentan cargos por delitos ambientales tipificados en la Ley 2111 de 2021. La norma contempla sanciones de hasta 135 meses de prisión y multas que pueden superar los 43.000 salarios mínimos. La Procuraduría advirtió que continuará vigilando el cumplimiento del fallo y las acciones coordinadas entre Coralina, la Dimar y la Gobernación para garantizar la protección de este patrimonio natural.
