La Cancillería colombiana confirmó la firma de un nuevo contrato por $161.000 millones con la empresa Thomas Greg & Sons, que seguirá al frente de la elaboración de pasaportes hasta el 30 de abril de 2026. La medida se adoptó bajo la figura de urgencia manifiesta, con el objetivo de evitar un vacío en el servicio, pues el acuerdo actual vence este 31 de agosto.
El Gobierno reconoció que la búsqueda de un nuevo esquema no avanzó al ritmo esperado, lo que obligó a acudir a esta herramienta excepcional. De esta manera, se asegura que los ciudadanos continúen reclamando sus libretas de viaje sin interrupciones, mientras se ajustan los detalles del plan que permitirá a Portugal y a la Imprenta Nacional asumir la tarea en el futuro.
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La transición hacia un nuevo modelo
Aunque el presidente Gustavo Petro ha expresado en varias ocasiones su inconformidad con la empresa contratista, el Estado se vio forzado a mantenerla en funciones durante los próximos ocho meses. Según lo pactado, Thomas Greg deberá encargarse de la personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como de la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana.
A partir de mayo de 2026, la responsabilidad pasará al gobierno de Portugal, que además de producir los documentos, transferirá tecnología a la Imprenta Nacional. El acuerdo busca que, en un plazo de diez años, Colombia asuma de manera directa la totalidad del proceso, reduciendo la dependencia de proveedores privados y fortaleciendo su capacidad institucional.
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Impacto político y retos inmediatos
La permanencia de Thomas Greg en este contrato ha generado tensiones dentro del Ejecutivo, al punto de provocar la salida de tres cancilleres en menos de dos años. Aun así, el Gobierno insiste en que la urgencia manifiesta era la única alternativa viable para no afectar a millones de ciudadanos que dependen del pasaporte como documento esencial para viajar y realizar trámites en el exterior.
La canciller en propiedad, Laura Sarabia, defendió la decisión, calificándola como un acto de responsabilidad administrativa. Desde la Cancillería sostienen que el reto ahora consiste en garantizar un proceso de transición ordenado, transparente y eficiente, que permita entregar a la Imprenta Nacional la experiencia y el conocimiento necesarios para consolidar una producción soberana de pasaportes en la próxima década.
