La polémica alrededor del uso de bienes oficiales por parte de la vicepresidenta Francia Márquez tomó un nuevo giro luego de que la propia Vicepresidencia admitiera que una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada a su esquema de seguridad, transportó materiales de construcción destinados a la adecuación de una garita en su residencia en Cali.
El caso fue denunciado inicialmente por el concejal bogotano Daniel Briceño, quien publicó fotografías de una camioneta gris cargando bultos y elementos de obra. El cabildante calificó la situación como un abuso de recursos del Estado y pidió explicaciones tanto a la UNP como a la Vicepresidencia.
En respuesta, la entidad aclaró que la decisión fue tomada por integrantes del esquema de seguridad y que la adecuación de la garita, con baño incluido, se realizó con recursos privados de Márquez para mejorar las condiciones de quienes la protegen. No obstante, el uso del vehículo oficial para fines ajenos a su función reavivó las críticas en el escenario político.
Briceño reaccionó afirmando que la confirmación oficial valida su denuncia: “La Vicepresidencia reconoce que la camioneta de la UNP fue usada para transportar materiales a una obra privada. Esto constituye peculado y abuso de recursos”, señaló en su cuenta de X.
La polémica se suma con otras controversias previas como el uso del helicóptero
El episodio se suma a las controversias previas por el uso de un helicóptero de la Policía Nacional para los traslados de la vicepresidenta hacia su residencia en Dapa, Valle del Cauca. Márquez defendió entonces la medida, argumentando razones de seguridad, tras haber sufrido un atentado en esa vía.
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En medio del debate, Márquez aseguró que detrás de las críticas también existe un componente de discriminación: “Como vicepresidenta que viene de abajo, humilde, parece que se cuestiona mi derecho a contar con protección. El Estado debe garantizar mi seguridad para poder ejercer mis funciones”.
La discusión ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los límites en el uso de recursos oficiales y la responsabilidad de los altos funcionarios en la administración de bienes públicos, en un país donde la transparencia sigue siendo una exigencia de la ciudadanía.
