...

Proponen tumbar Ley de Paz Total en medio del aumento de la violencia

A la iniciativa se suma otra propuesta de reforma impulsada por el liberal Hugo Archila.

El debate sobre la seguridad en Colombia se agudiza en el Congreso. Este martes, la representante Katherine Miranda presentó un proyecto de ley con el que busca derogar la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, normativa que le ha permitido al Gobierno de Gustavo Petro adelantar conversaciones con diversos grupos armados y bandas criminales.

También puede leer: Siete años de prisión para menor que disparó contra Miguel Uribe

Según la congresista, la política insignia del Ejecutivo no solo no ha logrado reducir los índices de violencia, sino que, por el contrario, los ha agravado. “Radicamos esta ley porque Colombia no aguanta más excusas. La seguridad no se negocia con terroristas. O defendemos la vida de los ciudadanos o seguimos siendo cómplices del miedo”, señaló Miranda al sustentar su propuesta.

Katherine Miranda

En los primeros 6 meses del 2025 se registraron 7.796 homicidios en Colombia

Las cifras oficiales respaldan su argumento. Con corte al 31 de julio de 2025, el país registró 7.796 homicidios, lo que representa un aumento del 4 % frente al mismo periodo de 2024. También se duplicaron los secuestros extorsivos, al pasar de 99 a 188 casos. A esto se suma que, en los primeros siete meses de este año, fueron asesinados más miembros de la Fuerza Pública que en todo 2024, mientras los actos terroristas aumentaron un 12 %.

A esta iniciativa se suma otro proyecto de ley presentado el pasado 21 de agosto por el representante liberal Hugo Archila. Su propuesta no plantea eliminar todo el marco jurídico, pero sí reformarlo para establecer límites más claros a los diálogos con estructuras criminales. “Los desafíos que enfrenta el país son múltiples y complejos, y se manifiestan en la persistencia de diversas formas de criminalidad que afectan la seguridad y el desarrollo”, expuso Archila.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene como prioridad el proyecto de sometimiento presentado en julio por el Ministerio de Justicia, con el que busca ofrecer un marco legal a las negociaciones con grupos ilegales. El pulso entre las iniciativas refleja la división en el Congreso y anticipa un difícil camino para la política de paz total, considerada una de las banderas principales del presidente Petro.