En la noche de este miércoles 10 de septiembre, Medellín vivió una nueva acción violenta inicialmente atribuida a las disidencias de las Farc. En el barrio Loreto, sector de la Asomadera, se registraron detonaciones que afectaron una de las torres de transmisión de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
De acuerdo con la información preliminar, en la zona fue hallada una bandera alusiva al Frente 36 de las disidencias. Vecinos del sector reportaron al menos tres explosiones que causaron daños en fachadas y ventanas cercanas. Pese a la magnitud del hecho, no se registraron víctimas y la prestación del servicio eléctrico se mantuvo estable, según confirmó la empresa EPM.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó tras el atentado que en el lugar hicieron presencia la Policía, el Ejército y equipos antiexplosivos para descartar nuevos artefactos. Calificó lo ocurrido como un “acto terrorista” que estaría relacionado con el reciente operativo de la Policía en el municipio de Campamento en Antioquia, donde fueron abatidos varios integrantes de esa estructura armada ilegal.
Más tarde, el mandatario envió un fuerte mensaje: “A todos los terroristas les vamos a seguir poniendo precio. Caen porque caen”. Además, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
Reacciones en Antioquia tras el atentado a EPM
El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, confirmó que este jueves 11 de septiembre se realizará un consejo de seguridad extraordinario para analizar las acciones a seguir. Según el mandatario, este ataque se daría como retaliación por la muerte de alias “Guillermino” y otros integrantes de las disidencias en Campamento, hecho que semanas atrás ya había estremecido la región.
El Frente 36 de las disidencias ha protagonizado en los últimos meses hechos de violencia en el nordeste de Antioquia. Las autoridades no descartan que estas acciones en Medellín busquen extender su accionar a zonas urbanas como forma de presión y retaliación frente a los golpes propinados por la fuerza pública.
Por ahora, la prioridad de los organismos de seguridad es descartar la presencia de más explosivos en el sector y garantizar la protección de la infraestructura energética, mientras avanza la investigación para dar con los responsables.
