La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por presunto tráfico de influencias. La decisión se tomó después de que el sargento retirado Alexander Chala denunciara supuestos acuerdos irregulares entre ambos oficiales para favorecer un contrato con Indumil, la Industria Militar de Colombia. La actuación judicial se notificó el pasado 10 de septiembre y quedó en manos de la Fiscalía Especializada Gaula de Bogotá.
Según la comunicación oficial, el caso está enmarcado en la Resolución No. 0-2294 de agosto de 2025, que asigna la competencia al despacho encargado de delitos contra la administración pública. El documento establece que la investigación corresponde a hechos donde se habría utilizado el cargo público para incidir en decisiones contractuales sin la autorización del presidente Gustavo Petro. La indagación continúa bajo reserva mientras se recogen las pruebas iniciales.
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Chats y pruebas reveladas por el denunciante
El detonante de la investigación fueron las conversaciones reveladas por Alexander Chala, quien publicó capturas de mensajes presuntamente intercambiados entre Sánchez y Zapateiro. En estos diálogos, difundidos a través de redes sociales, se evidenciarían negociaciones para firmar contratos con Indumil utilizando influencias indebidas. Chala aseguró que los mensajes circularon en la aplicación Signal y solicitó que la Fiscalía y la Corte Suprema verifiquen la titularidad de los números implicados.
El militar retirado manifestó su disposición para entregar pruebas adicionales y aclarar el contexto de los mensajes. Aseguró que no busca señalar a las Fuerzas Militares como institución, sino a los funcionarios mencionados en los chats. También insistió en que el ministro Sánchez debe responder públicamente sobre la veracidad de los documentos y asumir las consecuencias legales que se desprendan de esta investigación.
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Reacciones y próximos pasos del proceso
La Fiscalía notificó a las partes involucradas sobre la apertura del proceso, el cual estará bajo la supervisión de la unidad especializada en delitos contra la administración pública, con sede en Bogotá. De acuerdo con la información oficial, el expediente seguirá en etapa de indagación mientras se practican peritajes técnicos a los mensajes y se escuchan los testimonios correspondientes. La investigación está amparada en el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal.
Chala, por su parte, reiteró que no le corresponde a él rendir cuentas públicas sobre el caso, sino al ministro Sánchez, a quien señaló como responsable directo de aclarar su actuación. Subrayó que continuará aportando elementos que fortalezcan el expediente y que está dispuesto a comparecer ante la justicia. En paralelo, el proceso podría derivar en nuevas decisiones de fondo si se establece que existieron otras personas implicadas en los hechos denunciados.
