El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal), denuncia que el Gobierno no ha cumplido con acuerdos laborales previos, especialmente en lo que concierne a homologaciones, nivelaciones salariales y deudas por certificación que ya tienen más de diez años de retraso.
Este grupo incluye personal como celadores, auxiliares, técnicos, servicios generales y otros que, aunque no están en primera línea docente, sostienen el funcionamiento de los colegios públicos del país.
Posibles impactos y afectaciones concretas
Si se concreta el paro, se verían afectadas más de 7.500 instituciones educativas públicas, especialmente en los procesos administrativos: matrículas, certificaciones, pagos y otros trámites internos.
Aunque las clases presenciales podrían continuar, las demoras administrativas podrían generar caos en comunidades escolares, particularmente en zonas rurales o de bajos recursos, donde estos servicios son esenciales.
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Demandas puntuales y respuesta del Ministerio
Las exigencias del sindicato incluyen: instalación inmediata de mesa de negociación con el ministro de Educación, pago de las deudas laborales acumuladas, reconocimiento efectivo de derechos adquiridos, y mejoras en las condiciones laborales como reducción de la sobrecarga y tratamiento de enfermedades ocupacionales.
Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha ofrecido respuestas públicas que satisfagan estos reclamos; los sindicalistas califican esto como demora injustificada.
