El caso Aguas Vivas vuelve a poner en el ojo del huracán al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Este martes 16 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el exmandatario, junto a nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, deberá responder en juicio por presuntas actuaciones ilegales en torno a la restitución de un terreno en la capital antioqueña.
De acuerdo con la investigación, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se habrían realizado maniobras administrativas para modificar de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con ello, los procesados habrían intentado transformar la cesión gratuita del lote en una compraventa, con el objetivo de pagar a los tenedores del predio más de 40.500 millones de pesos.
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La Fiscalía detalló que, tras el fracaso de una conciliación prejudicial, Quintero y el entonces secretario general, Fabio Andrés Trujillo García, habrían expedido actos administrativos irregulares que incrementaron el valor del predio y habilitaron su uso en actividades urbanísticas prohibidas.
Conozca los exfuncionarios acusados:
Los exfuncionarios acusados hacen parte de diferentes dependencias de la Alcaldía, entre ellas Planeación, Gestión Territorial, Movilidad, Suministros y la Secretaría General. Entre los señalados están Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil y Leidy Jiménez Echavarría.
Por su parte, los particulares implicados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del predio que habría resultado favorecido con las decisiones administrativas.
El ente acusador aseguró que cuenta con pruebas documentales y testimoniales que respaldan las acusaciones. Ahora, será un juez quien determine la responsabilidad penal de los implicados en un caso que podría marcar un precedente en materia de responsabilidad de altos funcionarios públicos frente al manejo del patrimonio de la ciudad.
