La senadora Andrea Padilla, encendió las alarmas sobre una grave situación que involucra a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De acuerdo con sus declaraciones, cientos de animales entregados a contratistas para su custodia se encuentran en condiciones críticas por enfermedades, lesiones y hambre. La causa principal sería la falta de pagos a los cuidadores desde mayo, lo que ha impedido garantizar alimentación, atención veterinaria y manejo adecuado.
Padilla aseguró que los casos más delicados se concentran en Cimitarra, Santander, y en Agua de Dios, Cundinamarca. En estos lugares, las denuncias señalan que caballos, vacas y otros animales decomisados permanecen en instalaciones improvisadas, sin la atención básica que exige la ley. “No es justo que estas criaturas sufran por negligencia institucional”, advirtió la senadora en un mensaje difundido en redes sociales.
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La responsabilidad de la SAE y la alerta a la Presidencia
La SAE, entidad encargada de administrar bienes y activos incautados, recibe de manera regular animales producto de decomisos judiciales. Su tarea consiste en asignarlos a cuidadores o contratistas que asumen la manutención y resguardo de los ejemplares. Sin embargo, los retrasos en los pagos habrían generado una cadena de incumplimientos que hoy pone en riesgo la vida de decenas de ellos.
La denuncia llegó hasta el presidente Gustavo Petro, a quien se le solicitó intervenir de forma inmediata. Según Padilla, los contratistas han expresado su incapacidad de seguir asumiendo costos de alimentación y servicios veterinarios sin recibir recursos. Esta situación, dijo, configura un escenario de maltrato institucionalizado que contradice los compromisos del Estado en materia de protección animal.
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Urgen medidas para evitar más muertes
Organizaciones animalistas exigieron a la SAE y al Ministerio de Hacienda garantizar de manera urgente los pagos pendientes y establecer protocolos de emergencia que eviten que los animales sigan muriendo. Piden, además, un plan de contingencia que asegure la atención veterinaria y el traslado a refugios cuando sea necesario.
Para los defensores de animales, este caso refleja la falta de una política pública sólida que garantice bienestar animal en contextos de bienes incautados. “La negligencia no puede seguir costando vidas. Es necesario un cambio estructural en la forma en que se gestionan los recursos para la custodia de estos seres vivos”, señalaron en un comunicado.
