La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció este 17 de septiembre la suspensión de pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tras identificar presuntas irregularidades en la facturación de atenciones a víctimas de accidentes de tránsito. La medida afecta a entidades de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca y detiene giros por más de $17 mil millones.
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De acuerdo con la entidad, las IPS señaladas habrían radicado cuentas sin tener la infraestructura habilitada para prestar los servicios reportados en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS). El hallazgo se dio gracias a auditorías externas que verificaron en terreno la inexistencia de instalaciones médicas en varias direcciones registradas.
Dos resoluciones, un mismo propósito: proteger recursos de la salud
La decisión se tomó mediante las resoluciones 0087804 y 0087805 de 2025. La primera suspendió pagos a 12 IPS que ya habían radicado facturas por más de $4.911 millones, mientras que la segunda bloqueó el registro de cuentas bancarias a otras 11 instituciones, impidiendo que puedan recibir dinero por nuevas reclamaciones.
Entre las IPS afectadas figuran prestadores de Atlántico como Asclep Salud IPS SAS, Clínica San Rafael Ltda. e IPS Villa Estadio SAS; en Magdalena, el Centro Integral de Salud San Gabriel; y en Valle del Cauca, entidades como la Asociación de Emergencias Médicas, el Equipo Prehospitalario de Cali y Medic Servicio Médico en Casa.
La ADRES explicó que los representantes legales de las instituciones notificadas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para interponer recurso de reposición, en el marco del debido proceso.
Riesgo de fraude y antecedentes recientes
La medida se suma a antecedentes similares registrados en 2024, cuando la entidad suspendió pagos a 52 IPS por facturaciones irregulares que superaron los $70 mil millones, algunas de las cuales fueron remitidas a la Fiscalía por presunto fraude.
Según la ADRES, facturar servicios sin respaldo real no solo constituye una falta grave a la normatividad, sino que desvía recursos que deberían garantizar la atención efectiva a víctimas de accidentes de tránsito, comprometiendo la sostenibilidad financiera del sistema.
El organismo reiteró que continuará fortaleciendo los controles y las auditorías sobre las IPS registradas en el REPS, con el objetivo de blindar los fondos públicos y asegurar que cada peso invertido en salud llegue a los pacientes que realmente lo necesitan.
