La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el marco del Acuerdo Final firmado en 2016, llegará a una de sus decisiones más trascendentales al resolver el subcaso de falsos positivos en la Costa Caribe. En esta ocasión, 12 exmilitares que pertenecieron al Batallón La Popa en Valledupar recibirán sanciones propias por crímenes de guerra y lesa humanidad tras haber reconocido su participación en un patrón sistemático de asesinatos presentados como bajas en combate.
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Según la investigación de la JEP, los hechos ocurrieron entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, donde al menos 135 personas fueron asesinadas y reportadas como guerrilleros muertos en operaciones militares. Los comparecientes aceptaron los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, configurando así crímenes internacionales bajo el Estatuto de Roma.
Análisis de nueve informes para llegar a la sanción
El tribunal llegó a esta conclusión tras el análisis de nueve informes entregados por organizaciones de víctimas, entidades estatales y pueblos indígenas, 61 versiones voluntarias de militares vinculados, 20 inspecciones judiciales a expedientes de la justicia ordinaria y observaciones presentadas por comunidades indígenas Kankuamo y Wiwa.
Las sanciones que se dictarán no contemplan prisión, sino restricciones de movilidad y trabajos restaurativos de entre cinco y ocho años, ya que los comparecientes reconocieron verdad plena y responsabilidad en los crímenes. Esta decisión marca la primera sentencia en el macrocaso 03, denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, que abarca las ejecuciones extrajudiciales más representativas del conflicto armado.
La JEP aclaró que otros tres oficiales retirados del mismo batallón no reconocieron su responsabilidad y enfrentan un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
Con esta sentencia, la jurisdicción abre camino a decisiones similares en otras cinco regiones priorizadas del país, donde se documentaron miles de víctimas de este fenómeno. Para las organizaciones de derechos humanos y los familiares, el fallo representa un paso hacia la verdad y la reparación, aunque advierten que la vigilancia ciudadana será clave para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
