La Defensoría del Pueblo presentó cifras alarmantes: entre enero y agosto de 2025 documentó 88 casos de reclutamiento forzado de menores.
Además, durante los últimos doce meses se reportaron más de 600 menores vinculados a organizaciones ilegales, lo que refleja un crecimiento del fenómeno a pesar de medidas preventivas.
¿Quiénes son las víctimas?
El 61,6 % de los afectados son niños y adolescentes varones, mientras que el 38,4 % son niñas y adolescentes mujeres.
Las comunidades indígenas aparecen especialmente vulnerables: muchos casos reportados provienen de territorios con presencia étnica donde la institucionalidad estatal es débil y faltan garantías.
¿Cuándo y dónde se registran los casos?
Los datos principales del informe cubren enero a agosto de 2025.
Regiones con presencia indígena, orígenes étnicos diversos y zonas históricamente afectadas por violencia mostrarían mayor incidencia, aunque el informe advierte falencias en la caracterización étnica en algunos registros (34,3 % sin adscripción definida).
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¿Cómo ocurre este reclutamiento y cuáles son los desafíos?
Los grupos armados utilizan estrategias de coerción, amenaza, persuasión y manipulación para atraer o obligar a niños, niñas y adolescentes.
El informe de la Defensoría denuncia que hay deficiencias en los mecanismos de reporte, con falta de datos completos, subregistro y poca claridad en algunos casos sobre origen étnico, lo que entorpece medir y actuar frente al problema.
