La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta su primera apelación formal contra una de sus sentencias más relevantes. El recurso fue interpuesto por los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla de las Farc, quienes consideran insuficiente la sanción restaurativa de ocho años impuesta a los siete exjefes del último Secretariado.
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La acción legal fue radicada por el abogado Juan Camilo Sanclemente, en representación de la Fundación Defensa de Inocentes. Según argumentó, la sentencia viola el punto cinco del Acuerdo de Paz relacionado con los derechos de las víctimas y no cumple con los estándares internacionales de justicia establecidos por la Corte Penal Internacional.
Cuestionamientos de las víctimas
En el recurso, los familiares cuestionan que la decisión no haya tenido en cuenta medidas restaurativas solicitadas por ellos, como la construcción de un monumento en Cali en memoria de los diputados o acciones concretas de búsqueda de la verdad sobre los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato. “Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, pero no recibe un tratamiento adecuado”, señala el documento.
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Asimismo, sostienen que las sanciones impuestas no son proporcionales frente a la magnitud de los crímenes cometidos, documentados en más de 21.000 casos de secuestro. De igual forma, advierten que no existen garantías claras de no repetición.
Ante este panorama, la Fundación hizo un llamado a otras víctimas y organizaciones para unirse y llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, en busca de una verdad más completa y de una justicia que, aseguran, no ha sido garantizada en el ámbito nacional.
