El presidente Gustavo Petro firmó una nueva resolución que devuelve la figura de gestores de paz a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con lo que busca reactivar la mesa de conversaciones suspendida hace tres meses. Entre los designados se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, todos con amplio prontuario en el paramilitarismo.
El Gobierno nacional explicó que la medida pretende “cerrar de manera definitiva” el proceso de desmovilización iniciado en 2005 bajo la Ley de Justicia y Paz, pero que nunca tuvo un acto formal de conclusión ni garantizó la entrega total de bienes para reparar a las víctimas. En esta ocasión, el Ministerio del Interior asumirá la coordinación del proceso y cada excomandante deberá firmar un plan de trabajo, asistir a las sesiones del comité técnico y rendir informes periódicos sobre sus actividades.
El regreso de los exparamilitares como gestores de paz reabre un debate espinoso para el Ejecutivo, pues en mayo los mismos designados habían renunciado masivamente, alegando incumplimientos y tensiones con el alto comisionado de paz, Otty Patiño, y con su equipo. En una carta pública, los exjefes denunciaron que la Oficina del Comisionado carecía de voluntad política y que su rol había quedado reducido a un gesto simbólico.
Cierre pendiente del proceso paramilitar
La nueva resolución busca superar esos tropiezos y dar continuidad a la mesa, que según Petro no constituye una negociación, sino un escenario de diálogo para esclarecer la verdad, garantizar reparaciones y culminar un proceso inconcluso desde hace casi dos décadas.
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El mandatario, en un evento en Montería, insistió en que la meta es recuperar los bienes que fueron ofrecidos a la justicia por los exparamilitares y destinarlos a las víctimas. “El proceso no se ha terminado; quedó interrumpido y necesitamos finiquitarlo sin miedo a la verdad”, dijo Petro, al dirigirse directamente a Mancuso y otros excomandantes.
Aunque la Ley 975 de 2005 permitió la desmovilización de más de 30.000 combatientes, expertos y organizaciones de derechos humanos coinciden en que no hubo un acuerdo formal de paz con las AUC. Por ello, esta nueva iniciativa busca llenar ese vacío histórico y dar un cierre político y social a uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
