La Fiscalía General de la Nación elevó una solicitud formal a la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia para que se publique una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con el propósito de activar su búsqueda en los 190 países miembros de la organización y evitar que siga evadiendo a la justicia.
El señalado ‘zar del contrabando’ es requerido por las autoridades nacionales dentro de un proceso penal que avanza en la Fiscalía 5 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado, por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. En el documento enviado el 17 de septiembre, la Fiscalía pidió confirmar si la alerta internacional se encuentra vigente y, en caso contrario, proceder a su activación inmediata.
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La figura de Marín Buitrago se asocia con una red criminal dedicada al contrabando de mercancías como textiles, autopartes y calzado durante más de tres décadas. Según las investigaciones, logró cooptar funcionarios de la Dian, la Policía y otras entidades para facilitar el ingreso irregular de cargamentos, generando millonarias pérdidas fiscales para el Estado colombiano.
Escándalos y proceso judicial en el exterior
Alias Papá Pitufo ha protagonizado un largo historial de capturas y fugas en Europa. Tras salir de Colombia en marzo de 2024, fue detenido en Valencia (España) con una orden internacional, pero quedó en libertad provisional y luego escapó usando documentos falsos. Posteriormente, fue recapturado en Portugal, donde permaneció preso hasta que el Supremo Tribunal de Justicia de ese país ordenó su libertad en junio de 2025 al considerar que su detención excedió los plazos legales.
Durante su estadía en Portugal, Marín solicitó asilo político, lo que ralentizó el proceso de extradición hacia Colombia. Aunque la petición ya fue negada en primera instancia, la defensa apeló y el trámite sigue en curso.
La Fiscalía colombiana insiste en que la circular roja es fundamental para impedir nuevos intentos de fuga y reforzar la cooperación internacional en torno a un caso que no solo involucra contrabando, sino también posibles nexos con estructuras criminales de narcotráfico, lavado de activos y hasta supuestos aportes irregulares a campañas políticas.
