La justicia colombiana dio un paso trascendental en la defensa de los derechos de los animales. En las últimas horas, un juez de conocimiento ordenó medida de aseguramiento intramural contra un hombre señalado de hurtar perras para agredirlas sexualmente en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La decisión se convierte en la primera en su tipo en el país y sienta un precedente en la aplicación de la llamada Ley Ángel, que endureció las penas por maltrato animal.
El caso que desató la indignación ciudadana tiene como víctima a Keyla, una perrita que permanece bajo cuidados veterinarios debido a las graves lesiones sufridas. Su historia movilizó a la comunidad, organizaciones de protección animal como Alegato y Juristas por los Animales, y a las autoridades judiciales, que lograron la detención y ahora el aseguramiento del responsable.
Hasta hace pocas semanas, este tipo de delitos solían quedar impunes. De hecho, el procesado había recuperado la libertad tras ser capturado inicialmente el 5 de septiembre, lo que generó rechazo y protestas en el barrio. Sin embargo, gracias a la presión ciudadana y a las herramientas jurídicas actuales, se logró revertir esa situación y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
Hacia un cambio legislativo
Aunque la Ley Ángel representa un avance, expertos y congresistas advierten que el abuso sexual contra animales aún no está tipificado como un delito autónomo en Colombia, sino como un agravante del maltrato animal. Para cerrar ese vacío, cursa en el Senado el Proyecto de Ley 06 de 2024, que busca crear el tipo penal de “acto sexual con animales” con sanciones más contundentes.
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Además, la Ley Ángel honra la memoria de un perro brutalmente atacado en 2021 en Boyacá, cuyo caso conmovió al país. Aunque sobrevivió inicialmente, murió este año a causa de las secuelas de la agresión. Esta ley, impulsada por la senadora Andrea Padilla, fortalece los mecanismos judiciales y sancionatorios frente al maltrato animal, y promete una respuesta más ágil ante las denuncias, incluso en casos considerados “leves”.
Por ahora, el caso de Keyla se convierte en un símbolo de resistencia y en un hito histórico que refuerza la lucha por la justicia para los animales en Colombia.
