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Gobierno ordenó reducir seguridad de Abelardo De La Espriella; el precandidato interpuso tutela

La tutela busca que el Estado le garantice un esquema de protección adecuado, en medio de denuncias de amenazas contra su vida.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella acudió al Consejo de Estado para interponer una acción de tutela contra el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que se ordenara disminuir su esquema de seguridad. Según el líder del movimiento Defensores de la Patria, esta medida desconoce el nivel de riesgo que enfrenta y pone en peligro tanto su vida como la de su familia.

De La Espriella asegura que ha sido víctima de seguimientos y perfilamientos, lo que incrementa el riesgo para él y su familia. “Tengo información confiable sobre el precio que han puesto a mi cabeza y a la de otros opositores. No me van a intimidar, seguiré en la lucha”, señaló el abogado tras la decisión del Gobierno.

De La Espriella recordó que desde junio se habían denunciado ofertas millonarias para asesinar a varios precandidatos. La información llegó a la Fiscalía y también fue notificada a la Unidad Nacional de Protección por su jefe de seguridad, Carlos Caicedo, quien insistió en la urgencia de reforzar los esquemas de cuidado.


Lo que pide en la tutela

En su acción legal, De La Espriella solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y que se ordene a la UNP garantizar un esquema de seguridad inmediato e idóneo tanto para él como para su núcleo familiar.

El precandidato advirtió que la reducción de su esquema no solo es arbitraria, sino que ignora el precedente del magnicidio de Uribe Turbay. “La vida de mi familia está por encima de cualquier trámite administrativo. El Estado tiene la obligación de proteger”, recalcó.

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El caso quedó en manos del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre la tutela. La seguridad de los aspirantes presidenciales sigue en discusión en el país.

Elecciones bajo riesgo por violencia

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el actual proceso electoral es uno de los más violentos de los últimos años. Solo entre marzo y julio de 2025 se registraron más de 130 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, cifras que superan lo ocurrido en campañas anteriores.

La MOE advirtió que la situación recuerda lo vivido en 2018, pero con un agravante, las amenazas y ataques se han extendido a distintas regiones del país y golpean directamente a los precandidatos presidenciales. Para la organización, este panorama muestra la necesidad urgente de reforzar la protección estatal, en especial luego del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.