El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó un fuerte mensaje a sus colegas del gabinete: renunciar a sus visas estadounidenses como gesto de apoyo al presidente Gustavo Petro. Según dijo, la medida busca mostrar cohesión frente a lo que considera una decisión política de Washington al retirarle la visa al mandatario colombiano.
“El gabinete debe ser solidario con el presidente. Esta no es solo una sanción injusta, también es una señal política que pretende debilitarlo. La respuesta debe ser unidad”, declaró Benedetti al insistir en que los funcionarios no pueden guardar silencio ante lo sucedido.
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La primera renuncia: Rosa Villavicencio
El llamado de Benedetti no cayó en saco roto. La canciller Rosa Villavicencio anunció en la mañana del lunes que renunciaba a su visa de Estados Unidos. Con este acto, la jefa de la diplomacia colombiana se convirtió en la primera integrante del gabinete en materializar el gesto de respaldo a Petro.
Villavicencio sostuvo que su decisión refleja un compromiso con la soberanía nacional y un rechazo a lo que describió como una presión externa sin fundamentos. Su renuncia reavivó el debate interno sobre el alcance de la crisis diplomática y marcó un precedente que podría inspirar a otros funcionarios a seguir el mismo camino.
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El trasfondo de la crisis diplomática
La medida de Estados Unidos contra Petro ocurrió el pasado 26 de septiembre, después de su visita a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, el presidente aprovechó el escenario para lanzar críticas directas al expresidente Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Sus palabras, interpretadas como un desafío abierto, derivaron en la suspensión de su visa.
Este episodio se suma a tensiones acumuladas en los últimos meses. Washington ya había descertificado a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, argumentando un aumento de los cultivos ilícitos y la negativa de extraditar a cabecillas criminales. La administración Trump considera que la política de Petro dificulta la cooperación, mientras en Bogotá la Casa de Nariño interpreta las sanciones como represalias políticas.
