Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, radicó una nueva tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de obtener su libertad definitiva, buscando que se revise su situación legal y se determine su salida del proceso judicial.
En esa acción, Epa Colombia exige la tutela de sus derechos fundamentales, argumentando que la decisión que la obliga a cumplir una condena de 5 años y 8 meses vulnera sus garantías legales y personales. Su defensa sostiene que la medida afecta directamente su libertad y solicita que se revise de manera inmediata para garantizar el respeto a sus derechos.
¿Quiénes están implicados y dónde ocurrió el trámite?
La tutela se interpuso contra la Sala Penal de la Corte Suprema, implicando además al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado y al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá.
Actualmente, Barrera permanece en una guarnición militar en Bogotá, tras cumplir siete meses en la cárcel El Buen Pastor.
¿Cuándo se admitió la tutela y qué argumentos contiene?
La acción fue admitida recientemente por la Sala Civil de la Corte Suprema bajo ponencia de la magistrada Hilda González Neira, ordenándose que se recojan conceptos previos al fallo de fondo.
Como parte de sus argumentos, la defensa sostiene que no se valoró su condición de madre cabeza de familia ni la reparación económica que ha hecho hacia las víctimas reconocidas. Esto, según ellos, vulneró sus derechos al debido proceso, igualdad y favorabilidad legal.
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¿Por qué recurre este mecanismo y cuáles son los riesgos?
La defensa considera que su condena fue impositiva al focalizarse no solo en los hechos, sino en su rol como figura pública, y que su asesoría jurídica fue deficiente.
Este tipo de tutela (especial contra sentencia ejecutoriada) exige estándares más rigurosos y un análisis profundo por parte de la Corte para determinar si se produjo una violación grave de derechos fundamentales.
