La Procuraduría General abrió juicio disciplinario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, tras encontrar indicios de un incremento patrimonial injustificado superior a los 1.100 millones de pesos durante su gestión como diputado del Atlántico. El caso involucra declaraciones de su exesposa, transferencias de dinero de dudosa procedencia y la supuesta compra de una lujosa vivienda en Barranquilla a través de terceros.
El proceso disciplinario se desprende de denuncias hechas desde 2023, entre ellas las de Day Vásquez, expareja de Petro, quien señaló que millonarios recursos, inicialmente destinados a la campaña presidencial de su entonces suegro, habrían terminado financiando la vida personal del exdiputado. La Procuraduría sostiene que los gastos reportados por Petro Burgos en 2022, que superan los 1.400 millones de pesos, no guardan relación con sus ingresos oficiales, estimados en poco más de 200 millones anuales.
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Entre las pruebas que soportan los cargos se encuentran documentos notariales, registros financieros y testimonios que darían cuenta de la recepción de dineros de origen irregular. Uno de los más relevantes es el de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien aseguró haber entregado en efectivo cerca de 400 millones de pesos al exdiputado. También se mencionan transferencias provenientes del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de contratistas de los Llanos.
Posible utilización de recursos irregulares
De acuerdo con la Procuraduría, Petro y Vásquez intentaron ocultar la adquisición de una vivienda en el sector de Villa Campestre, avaluada en 1.600 millones de pesos, utilizando como intermediario a un familiar de la mujer. El ente de control señala que este comportamiento constituye un intento deliberado de encubrir la verdadera propiedad de los bienes. Lo que refuerza la hipótesis de dolo en la actuación del investigado.
El Ministerio Público enfatizó que el proceso no solo apunta a un incremento injustificado de patrimonio, sino también a la posible utilización de recursos irregulares. Los cuales en lugar de ingresar a una campaña política, habrían sido apropiados para fines personales. En consecuencia, Petro Burgos deberá enfrentar un juicio disciplinario por faltas consideradas gravísimas.
De hallarse responsable, el hijo del presidente podría ser sancionado con inhabilidad para ocupar cargos públicos. Esto se sumaría al proceso penal paralelo que ya cursa en su contra por los mismos hechos.
