El Gobierno puso en marcha la reorganización del sistema de salud con el Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, lo que obligará a 2,3 millones de usuarios a cambiar de EPS en los próximos seis meses. La medida, que corresponde al 4,4 % de la población afiliada, busca implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
El proceso se realizará por regiones y subregiones funcionales, y aunque pretende mejorar la cobertura y la eficiencia, expertos advierten que la reasignación masiva de pacientes podría traer traumatismos inmediatos. La incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos y la atención oportuna preocupa a pacientes y especialistas.
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Pérdida de la libre elección y concentración en la Nueva EPS
Uno de los puntos más sensibles es que los usuarios no podrán escoger a qué EPS afiliarse. Serán reasignados según criterios definidos por el Gobierno, lo que elimina el derecho a la libre elección. Esta situación recuerda procesos anteriores de liquidación de EPS, aunque en este caso obedece a una reorganización administrativa y no a un colapso financiero.
El análisis de Así Vamos en Salud señala que la Nueva EPS podría convertirse en la principal receptora de usuarios, ya que actualmente concentra más de 11,7 millones de afiliados y no cederá población en este rediseño. Si bien su papel central parece lógico en la estrategia oficial, expertos como Augusto Galán advierten que su situación financiera genera riesgos para la sostenibilidad del sistema.
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Impacto desigual en las EPS y retos financieros
Las EPS intermedias serán las más afectadas. Cajacopi deberá ceder el 30,5 % de su población afiliada, Coosalud el 17,8 %, Asmet Salud el 17,1 % y Famisanar el 13 %. En contraste, las grandes aseguradoras privadas, Sanitas, Sura y Salud Total, solo cederán entre el 1,3 % y el 3,8 % de sus afiliados. Este rediseño también obliga a varias entidades a ampliar su operación a municipios donde nunca habían prestado servicios.
El reto no es solo administrativo. La norma no contempla ajustes en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que significa que algunas EPS deberán recibir pacientes de alto costo sin recursos proporcionales. Analistas advierten que esta situación puede generar un desequilibrio financiero inmediato y afectar la sostenibilidad del sistema en el corto plazo.
