La absolución de Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia no solo cerró un largo capítulo judicial, también reabrió uno político. Tras más de una década de proceso, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena que lo señalaba de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión cambió por completo el panorama del expresidente, desde el anuncio empezaron a surgir cuestionamiento sobre lo que vendría ahora para Uribe.
El exmandatario reaccionó desde su finca en Llanogrande, donde aseguró que seguirá trabajando por Colombia. Agradeció el respaldo de sus simpatizantes y pidió “energía y tranquilo discernimiento para servir al país con nobleza”.
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Evitó pronunciarse sobre el recurso de casación que prepara la defensa del senador Iván Cepeda, pues aunque periodistas le preguntaron su opinión sobre esto, opto por no hablar sobre el tema. Sin embargo, dejó claro que planea seguir activo en la vida pública.
Uribe volvería al ruedo político
Pocas horas después del fallo, el Centro Democrático confirmó que Uribe encabezará la lista cerrada al Senado, con el número 25, como anticipó el director del partido, Gabriel Vallejo.
Su regreso al Congreso, si se concreta, marcaría un reencuentro con la arena política desde otro punto de vista, ya no como jefe de Estado, sino como figura que, al parecer, busca recuperar terreno tras años de desgaste judicial y mediático.
Muchos consideran que su presencia podría mover el tablero electoral dentro de la derecha y reactivar la base uribista. La cual aún conserva cierta fuerza en varias regiones del país. Sin embargo, también enfrenta el reto de reconectar con un electorado más escéptico y con un contexto político distinto al que dejó hace una década.
El capítulo judicial no está cerrado
Aunque el Tribunal lo absolvió, el proceso no ha terminado del todo. Según explicó el abogado penalista Francisco Bernate, citado por Infobae, el fallo puede ser objeto de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta instancia, más técnica que probatoria, solo revisa errores de derecho y podría tardar entre tres y cinco años en resolverse.
Aun así, las probabilidades de que prospere una casación serían bajas. De acuerdo Bernate, menos del uno por ciento de estos recursos logra modificar un fallo.
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En la mayoría de los casos, explicó el experto, la Corte Suprema inadmite la solicitud por no cumplir los exigentes requisitos técnicos que impone la ley.
Este tipo de recursos pueden tardar entre tres y cinco años en resolverse. Aunque su trámite no implica reabrir el debate probatorio, sino revisar posibles errores jurídicos en la sentencia. En ese sentido, si la Corte decide no admitirlo, el proceso de Uribe quedaría jurídicamente cerrado en firme, poniendo fin a más de una década de controversia judicial.
Por ahora, el expresidente parece decidido a volver a los escenarios, esta vez sin los límites de una condena sobre su nombre. Su futuro dependerá no solo de la Corte, sino de cómo logre reposicionarse ante un país que, entre la desconfianza y la admiración, aún no termina de definir su veredicto político.
