Empresas licoreras de Colombia emitieron una declaración conjunta para expresar su preocupación frente a la reforma tributaria que plantea aumentar hasta en 40% los impuestos a las bebidas alcohólicas destiladas.
El anuncio de la reforma tributaria que propone aumentar hasta ese porcentaje en los impuestos sobre los destilados ha encendido las alarmas de las principales empresas licoreras del país. Según su señalan, esta medida podría generar un efecto inverso al deseado, fortaleciendo el mercado ilegal y afectando pilares económicos y culturales fundamentales.
Sin embargo, esto no se trataría de un simple pronunciamiento gremial. Empresas nacionales como la Industria de Licores del Valle, la Fábrica de Licores de Antioquia, la Industria Licorera de Caldas y la Empresa de Licores de Cundinamarca, junto con multinacionales como Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman y Global Wine & Spirits, coinciden en que la reforma no atacará el consumo problemático, sino que castiga la legalidad y pone en riesgo la seguridad de los consumidores.
“Hoy no hay marcas: hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”, señalan el comunicado difundido por ACIL y Prolicores, resaltando que la discusión va más allá del precio de las bebidas alcohólicas.
El sector licorero es un motor económico que genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, desde productores agrícolas hasta personal en bares, restaurantes y hoteles. Además, sus aportes fiscales alcanzan los 3.9 billones de pesos anuales, recursos que financian salarios de más de 230.000 maestros y profesionales de la salud en todo el país.
El aumento propuesto podría afectar directamente la capacidad de los departamentos de financiar educación y servicios sanitarios.
“Imponer una carga excesiva sobre los destilados no solo castiga al sector formal, también pone en riesgo la financiación de servicios esenciales para la población”, señalan los representantes de la industria.
Riesgo del mercado ilegal y seguridad del consumidor
Estudios internos del sector muestran que actualmente el 22.4% del licor consumido en Colombia proviene del mercado ilegal. Con el incremento impositivo, este porcentaje podría duplicarse, advierten, aumentando la exposición de los consumidores a bebidas adulteradas.
Más allá de la economía, la industria recuerda que el consumo moderado de aguardiente, ron o whisky forma parte de la identidad y las tradiciones regionales. Los gremios licoreros sostienen que intentar legislar la cultura a través de impuestos punitivos no fomenta responsabilidad, sino clandestinidad.
El llamado parecer ser, a que la reforma se aborde con criterio técnico y gradualidad. Señalan que un enfoque más equilibrado podría preservar la salud pública, la competitividad del sector y la riqueza cultural de Colombia.
Una idea que podría resumirse en que, penalizar al licor legal no reduciría el consumo, sino que movería la economía hacia la informalidad y aumentaría riesgos sociales.
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Un motivo en común unió a estas empresas licoreras, lo que para muchos puede ser un hecho inusual. Pues parecer ser que un sector históricamente diverso se unifica frente a una reforma fiscal que percibe como amenaza. El debate supera los precios del licor e involucra legalidad, empleo, cultura y sostenibilidad de recursos públicos.
Preguntas que quedan abiertas incluyen la reacción del Ministerio de Hacienda, el impacto sobre el mercado legal frente al ilegal, y cómo se equilibrará la tributación de bebidas destiladas sin afectar a la economía formal. Por ahora, las licoreras mantienen su mensaje de: “Hoy no hay marcas; hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”.
