El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó este jueves 23 de octubre el borrador del articulado que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia con el propósito de modificar la Constitución de 1991. El anuncio se realizó desde Shanghái, China, en el marco de una visita oficial.
Montealegre explicó que este documento es “un punto de partida” para construir las bases de una transformación institucional a través del debate y no de la violencia. El proyecto plantea un proceso de participación ciudadana que permitiría al pueblo decidir, mediante votación, si aprueba o no la convocatoria de la Asamblea.
El borrador propone una Asamblea integrada por 71 delegatarios, elegidos por votación popular, con paridad de género y representación de diversos sectores sociales.
De ellos, 44 serían elegidos por circunscripción nacional, mientras que los 27 restantes representarían a comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, víctimas del conflicto, sindicatos, jóvenes, población Rrom, raizales, palenqueros, colombianos en el exterior, madres cabeza de familia y comunidad LGBTIQ+.
Lea también: Tensión entre Petro y Trump: posibles efectos económicos y políticos para Colombia
El texto establece que la Asamblea no revocará al Congreso, pero sí tendría la facultad de reformar la totalidad de la Constitución Política. Entre sus límites están el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, las normas del Ius Cogens, y la prohibición de retroceso en derechos fundamentales y sociales.
Además, las sesiones tendrían una duración de tres meses, contados desde su instalación, la cual se realizaría treinta días después de la elección de los delegatarios.
Dos preguntas para los votantes
El proyecto convoca a los colombianos a responder dos preguntas:
- Si aprueban la convocatoria de una Asamblea Constituyente con las características, composición y duración propuestas.
- Si están de acuerdo con que la Asamblea pueda reformar la totalidad de la Constitución, manteniendo los límites y principios definidos en el articulado.
Ambas preguntas tendría como opciones de respuesta “sí” o “no”, y su resultado determinaría si el proceso avanza hacia la instalación formal de la Asamblea.
El borrador también contempla otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses, con el fin de definir los requisitos de los delegatarios, la caracterización de los grupos sociales participantes y los mecanismos democráticos internos para la elección de sus representantes.
Según Montealegre, la iniciativa surge ante un contexto social y político similar al vivido en 1991. El documento argumenta que el país enfrenta un bloqueo institucional que ha frenado las reformas sociales y generado una crisis de confianza en las instituciones.
“El objetivo es abrir un camino de transformación democrática que permita repensar la estructura del Estado sin recurrir a la violencia.”
Reacciones políticas tras la presentación del borrador
El presidente Gustavo Petro aseguró que el texto presentado por el ministro Montealegre será corregido y ajustado por las organizaciones sociales que conformen el comité pro constituyente, el cual se encargará de recoger las firmas necesarias. Según explicó, la propuesta será presentada al Congreso “como ordena la Constitución” y tendrá carácter de iniciativa popular. Petro añadió que cualquier ciudadano podrá presentar propuestas, pero estas estarán “subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.
Desde la oposición, las reacciones fueron inmediatas. El Partido Conservador calificó la iniciativa como “preocupante e inconveniente”, y aseguró que “Colombia necesita serenidad, confianza y dirección”. En un comunicado difundido en redes sociales, la colectividad afirmó que el Congreso es “el escenario legítimo y democrático” para discutir las reformas y que no permitirá “saltos al vacío”.
La precandidata presidencial Paloma Valencia anunció que citará a moción de censura al ministro Montealegre, argumentando que el Gobierno “quiere reformar toda la Constitución sin ningún tipo de límite”. En su cuenta de X, advirtió que “esto sería el fin de las instituciones y el inicio de una dictadura de izquierda”.
Por su parte, la también senadora María Fernanda Cabal señaló que “Petro, acorralado por escándalos y corrupción, busca perpetuarse en el poder”, y calificó la propuesta como “un golpe de Estado disfrazado”. Aseguró que desde el Congreso su partido votará en contra de cualquier intento de modificar la Carta Magna.
Antecedentes y postura del Gobierno Petro
La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no es nueva en el gobierno de Gustavo Petro. Desde hace más de un año, el presidente ha insistido en que el país enfrenta un “bloqueo institucional” que frena las reformas sociales prometidas en campaña.
En varios discursos, ha afirmado que las instituciones actuales no reflejan el mandato ciudadano que lo eligió ni permiten cumplir con la Constitución de 1991 en su sentido más social.
Lea también: Después de la absolución, Uribe enfrentaría un nuevo capítulo judicial y político
En distintas ocasiones, Petro ha sostenido que la Constituyente sería una herramienta para “profundizar la democracia” y no para sustituir el sistema político.
En marzo de 2024, advirtió que si el Congreso continuaba negando las reformas laborales, pensionales y de salud, el pueblo podría asumir el poder constituyente directamente. Para él, esta figura busca destrabar las reformas y garantizar que los derechos sociales sean una realidad, no solo una promesa escrita.
Tras la presentación del borrador por el ministro Eduardo Montealegre, Petro reiteró que el texto no pretende “refundar” el país, sino permitir que la Constitución de 1991 “se cumpla en su totalidad”. También señaló que cualquier propuesta oficial quedará sujeta a la revisión y decisión final del comité ciudadano que promoverá la recolección de firmas.
