Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, es un político colombiano reconocido por su trayectoria dentro de la izquierda. Durante décadas ha participado en movimientos relacionados con los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz. Su historia personal está vinculada a la de sus padres, ambos militantes políticos, cuyos asesinatos marcaron el rumbo de su vida pública.
Nacido en Bogotá el 24 de octubre de 1962, Cepeda creció en un entorno de militancia política y compromiso social. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue senador de la Unión Patriótica y uno de los símbolos del genocidio político contra ese movimiento. Su madre, Yira Castro, fue concejal de Bogotá y una reconocida dirigente del Partido Comunista. Ambos fueron figuras que encarnaron la lucha por la justicia social en una época de violencia política.
Una herencia atravesada por la tragedia
La muerte de sus padres transformó su rumbo. Yira Castro falleció en 1981, y trece años después, en agosto de 1994, su padre fue asesinado en Bogotá. Ese crimen fue posteriormente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado colombiano responsable, según señalan “por agentes del Estado en complicidad con paramilitares”.
En una entrevista con Semana, Cepeda recordó ese episodio como el punto de quiebre de su vida: “La primera reacción después del dolor fue buscar justicia. Recoger pruebas, escuchar versiones y encontrar a los responsables”, relató. Ese proceso judicial, que culminó en 2010 con la condena internacional del Estado, se convirtió en su motor político y personal.
De profesor universitario pasó a convertirse en un defensor de los derechos humanos. Fundó la Fundación Manuel Cepeda Vargas y, más adelante, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que agrupa a familiares de personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas por agentes estatales y grupos armados.
Lea también: Petro propone crear un “Frente Humano” como alternativa política para 2026
Formación y primeros pasos en la política
Iván Cepeda estudió Filosofía en la Universidad de Sofía en Bulgaria, y cursó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Durante su exilio entre 1998 y 2004, continuó su trabajo académico y su activismo desde Europa.
En 2010 dio el salto al Congreso de la República. Fue elegido representante a la Cámara por Bogotá con más de 35 mil votos. Cuatro años después, llegó al Senado y desde entonces ha sido una de las voces más activas de ese sector político.
Su trabajo legislativo incluye más de 30 debates de control político, entre ellos uno de los más recordados: el de 2014, en el que cuestionó los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con estructuras paramilitares. Aquella confrontación marcaría una larga disputa judicial y política entre ambos.
Lea también: Iván Cepeda llama a debate político basado en propuestas
Desde hace más de una década, Cepeda ha participado en varios procesos de paz. Entre 2012 y 2016 fue facilitador de los diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Luego, entre 2014 y 2018, cumplió un papel similar en las conversaciones con el ELN. También intervino en acercamientos con el Clan del Golfo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ha sido copresidente de la Comisión de Paz del Senado, impulsando la participación de víctimas y organizaciones sociales en la implementación de los acuerdos. En el actual gobierno de Gustavo Petro, Cepeda integra el equipo negociador en los diálogos con el ELN y se le considera uno de los principales arquitectos de la política de paz total.
Controversia
A lo largo de su carrera, Cepeda ha sido reconocido por su coherencia ideológica y su defensa del diálogo como herramienta política. También ha recibido premios internacionales como la Medalla de la Libertad “Roger Baldwin” (2007) y el Premio Franco–Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” (2015).
Sin embargo, su nombre también ha estado en medio de controversias. En 2012, fue denunciado por el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos. En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia archivó la investigación contra Iván Cepeda Castro y, al mismo tiempo, ordenó abrir un proceso formal contra Uribe por los mismos hechos.
Lea también: Después de la absolución, Uribe enfrentaría un nuevo capítulo judicial y político
Años después la causa cambió de dirección: en julio de 2025 una jueza declaró culpable a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. Uribe apeló la sentencia y, en octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa condena en segunda instancia. El expediente aún puede llegar a casación en la Corte Suprema, según las partes que han anunciado recursos. Cepeda ha dicho que estos episodios han sido parte del costo de enfrentarse al poder y mantener sus convicciones.
Señalamientos por presuntos vínculos guerrilleros
Algunos sectores del Centro Democrático han reclamado al senador Cepeda que explique su presunta aparición en los archivos incautados al exlíder de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) alias Raúl Reyes.
Los cuestionamientos incluyen correos supuestamente atribuidos a alias “Tirofijo” en los que aparece el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, como interlocutor de las FARC. Cepeda ha negado tales vínculos. Afirma que no existen correos verificables que lo impliquen y que estos señalamientos hacen parte de campañas de desprestigio político.
En agosto de 2025, Cepeda anunció una denuncia penal contra quienes lo califican como “el candidato de las FARC” y dijo que defendería su honra ante lo que considera acusaciones infundadas. Ha recordado que su papel público se ha centrado en facilitar procesos de paz con la guerrilla del ELN y la FARC, más que en sostener vínculos.
El candidato presidencial también ha señalado que los documentos usados por sus detractores no han sido objeto de una investigación judicial que determine responsabilidad suya, lo que, insiste, debilita la validez de las acusaciones.
Durante su labor parlamentaria, ha sido objeto de amenazas y campañas de desprestigio. Por ello, cuenta con medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a ello, ha continuado su trabajo político, insistiendo en que “la paz es el único camino posible”.
