Se conmemoran 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un episodio que marcó para siempre la historia del país. Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió 28 horas de horror, cuando el grupo guerrillero M-19 irrumpió en la sede de la Corte Suprema en Bogotá, dejando más de 90 personas sin vida y varios desaparecidos. Cuatro décadas después, las heridas siguen abiertas y la búsqueda de verdad continúa.
Según la Comisión de la Verdad, el 6 de noviembre de 1985, hacia las 11:30 de la mañana, un comando del M-19 ingresó al Palacio de Justicia con la intención de llevar a cabo lo que llamaron una “demanda armada” contra el presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir los acuerdos de paz firmados un año antes.
De acuerdo con archivos de Señal Memoria, 35 insurgentes se tomaron el edificio ubicado en la Plaza de Bolívar. La operación fue posible por la reducción inexplicable del personal de seguridad, que pasó de 22 policías a solo seis vigilantes privados. En cuestión de minutos, los atacantes controlaron el edificio y tomaron como rehenes a magistrados, empleados judiciales y visitantes.
El operativo militar para recuperar el lugar se extendió más de un día. En su momento, la orden presidencial habría sido “restablecer la autoridad”. Tropas y tanquetas rodearon la zona, mientras los enfrentamientos convertían el centro de Bogotá en un campo de batalla.
Voces desde el Palacio y la censura en los medios
En medio del caos, la voz del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, se escuchó por la radio pidiendo un cese al fuego. Era un clamor desesperado que, surgió luego de que su hijo, Yesid Reyes, hablara con él durante la toma. La súplica no fue escuchada.
Poco después, las emisoras dejaron de transmitir las entrevistas desde el lugar. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó suspender las emisiones y en su lugar se transmitió un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. Esa decisión fue interpretada por muchos como una forma de censura.
Mientras tanto, los sobrevivientes que lograron salir con vida del Palacio fueron trasladados al Museo Casa del Florero, donde según archivos de Señal Memoria algunos fueron interrogados por miembros del Ejército. Varios de ellos nunca reaparecieron.
Las sombras del operativo y las víctimas
El fuego, iniciado en la biblioteca del primer piso, consumió gran parte del edificio durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre. Algunas versiones señalan, los bomberos no pudieron ingresar a tiempo por orden de las autoridades.
La tragedia dejó un saldo devastador: 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Aún hoy hay personas dadas por desaparecidas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional estableció que 12 personas fueron desaparecidas forzosamente y otras cuatro fueron torturadas.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado colombiano por violaciones graves a los derechos humanos durante la retoma. En su fallo señaló que las fuerzas militares actuaron con desproporción y que varias víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
El debate sobre las causas y los silencios
Cuarenta años después, la discusión sobre lo que ocurrió no se cierra. La Comisión de la Verdad de 2010 calificó la toma como “una acción demencial y un acto terrorista”. Sin embargo, las interpretaciones políticas siguen generando polémica.
El presidente Gustavo Petro, antiguo miembro del M-19, ha expresado su propia visión sobre los hechos, lo que ha causado malestar entre familiares de las víctimas. Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, le recordó al mandatario que su padre salió vivo del Palacio y fue posteriormente asesinado, presuntamente por agentes del Estado.
Por su parte, el abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, mencionó en diálogo con Caracol Radio en que el ataque tuvo vínculos con el narcotráfico. Aseguró que su padre, quien debatía la extradición de Pablo Escobar cuando inició la toma, fue asesinado por el M-19.
Homenajes y reclamos de memoria
El Consejo de Generales en Reserva, citado por Semana, llamó a mantener la memoria de las víctimas y a rechazar cualquier justificación de la violencia contra las instituciones. El mensaje resaltó el deber de preservar la verdad y honrar a los servidores públicos que murieron o resultaron afectados.
Una herida que sigue abierta
Solo un oficial, el general Jesús Armando Arias Cabrales, ha sido condenado por desaparición forzada de cinco víctimas. La condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue revocada en 2015.
A 40 años de aquel horror, Colombia sigue intentando responder las mismas preguntas: ¿quién dio las órdenes?, ¿quién se benefició?, ¿y por qué tantas víctimas siguen sin justicia?
