La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió este miércoles 12 de noviembre de 2025 dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, hacia Estados Unidos. El país norteamericano lo requiere por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir.
Marín Silva, capturado el 4 de junio de 2025 en la cárcel La Picota, estaba recluido con fines de extradición tras resolución de la Fiscalía General. La Corte revisó las pruebas enviadas por Estados Unidos, que incluían declaraciones juradas de fiscales y agentes de la DEA. Así como interceptaciones legales de comunicaciones y testimonios corroborados por otros elementos.
“El análisis demuestra que se cumple la doble incriminación y que la identidad del requerido está plenamente verificada”, indican. Además, se confirmó la validez formal de toda la documentación presentada por el país solicitante.
Argumentos de la defensa y condiciones del alto tribunal
Durante el proceso, la defensa de Marín Silva solicitó un concepto desfavorable, alegando vulneración del principio non bis in idem, es decir, que no podría ser juzgado por hechos ya procesados en Colombia.
La Corte aclaró que los hechos por los que se solicitud de extradición corresponden a periodos distintos, aproximadamente desde 2024, y no se solapan con los procesos nacionales.
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El alto tribunal estableció condiciones claras para la entrega del presunto criminal. Estados Unidos debe garantizar que Marín Silva no será juzgado por delitos diferentes a los que motivan la extradición, ni será sometido a pena de muerte, cadena perpetua o tratos inhumanos. Estas medidas buscan proteger sus derechos fundamentales durante su traslado y proceso judicial en el exterior.
Pipe Tuluá y su organización
Alias Pipe Tuluá ha sido señalado como líder de la estructura criminal conocida como La Inmaculada, que opera principalmente en Tuluá, Valle del Cauca. A pesar de su reclusión, las autoridades lo acusan de continuar operando la organización desde prisión, involucrada en narcotráfico, extorsión y homicidios.
Las autoridades advirtieron que Pipe Tuluá mantiene influencia sobre la criminalidad en la región. Esto, convierte la extradición en un paso fundamental para ayudar a desarticular la red desde el exterior.
La decisión de la Corte Suprema será remitida al Gobierno Nacional, que tiene la última palabra sobre la entrega de Marín Silva a Estados Unidos.
En los últimos meses, se reveló que la banda había recaudado más de 800 millones de pesos para intentar una fuga y evitar su extradición. Además, se decretaron medidas de extinción de dominio sobre bienes vinculados a la organización, valorados en aproximadamente 7.000 millones de pesos.
La extradición, de aprobarse, permitirá que enfrente los cargos por tráfico internacional de cocaína y concierto para delinquir bajo la legislación estadounidense.
