La Fiscalía General de la Nación ha formalizado una investigación (indagación) contra la primera dama, Verónica Alcocer, por los presuntos delitos de lavado de activos y estafa en favor de terceros. La decisión judicial se sustenta en una denuncia formal que pone en tela de juicio el uso de fondos públicos para actividades privadas.
Origen de la investigación y cuestionamiento de fondos
El proceso se deriva de una denuncia ciudadana presentada por el experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla. La acusación se centra en el manejo de recursos que habrían superado los mil millones de pesos, presuntamente destinados a asesorías de imagen, gestión de la reputación y acompañamiento institucional de la primera dama.
Según la denuncia, estos fondos se habrían desembolsado mediante “artificios y simulaciones en la contratación y facturación”, sugiriendo un desvío o uso indebido de dinero estatal para cubrir gastos que legalmente no corresponden a la función social y protocolaria de su rol.
El debate jurídico de la primera dama
La investigación de la Fiscalía toca un punto sensible en el ordenamiento jurídico colombiano: el estatus legal de la primera dama.
- Sin funciones administrativas: La Corte Constitucional ha determinado que la figura de la primera dama es un rol de asistencia social y protocolario, que carece de funciones administrativas, salario, o capacidad contractual directa. Cualquier delegación de funciones debe estar estrictamente regulada.
- Controversia previa: Esta investigación judicial es la formalización de una controversia pública previa sobre la alta y cuestionable asignación de gastos a la señora Alcocer, incluyendo costosos viajes internacionales y contratos de imagen, sin una base legal clara que justifique el uso de fondos públicos para estas actividades.
La Fiscalía deberá establecer si el uso de estos recursos constituyó un detrimento patrimonial para el Estado y si la señora Alcocer, o terceros relacionados con su equipo, incurrieron en las conductas punibles de estafa y lavado de activos a través de la simulación contractual. El proceso añade una capa de tensión jurídica a la administración actual, que se suma a la reciente controversia sobre su estatus oficial tras la mención de su separación marital por parte del presidente.
