Las tensiones diplomáticas entre Colombia y organismos internacionales han escalado tras la revelación de la cifra que el gobierno de Gustavo Petro había intentado mantener en reserva: la producción potencial de cocaína en el país para 2024 habría superado las 3.000 toneladas. Este número, específicamente 3.001 toneladas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), representa un aumento del 12,6% respecto al año anterior y ha desatado una polémica que cuestiona la metodología de medición global.
El cuestionamiento metodológico de Petro
El gobierno colombiano optó por no divulgar la cifra de 2024, basando su decisión en la supuesta imprecisión del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC.
Petro ha insistido en que el sistema, implementado hace casi dos décadas, contiene errores metodológicos que inflan la producción potencial de cocaína. El mandatario señaló que estos errores no solo distorsionan la realidad de la política antidrogas de Colombia, sino que también generan presión internacional injustificada.
Ante las quejas formales de Bogotá, la UNODC ha reconocido que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son “limitados” para obtener un panorama preciso. El organismo internacional anunció que trabajará conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar nuevos modelos estadísticos que reduzcan la incertidumbre e incorporen variables adicionales, como incautaciones y existencias.
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El arma diplomática de la cocaína
La cifra de 3.001 toneladas ha adquirido un peso político y diplomático enorme. Petro ha vinculado directamente la publicación de estas estadísticas con la reciente decisión de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de retirar la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas.
Funcionarios de la administración Trump han utilizado el incremento en la producción para arremeter contra Petro. Scott Bessent, Secretario del Tesoro, aseguró que “la producción de cocaína ha explotado hasta la más alta en décadas”, lo que ha justificado una ofensiva diplomática que ha incluido la imposición de sanciones y críticas directas al presidente colombiano.
De esta manera, la disputa por la exactitud de las 3.001 toneladas se ha convertido en una pieza central del conflicto bilateral, con el gobierno colombiano exigiendo a la ONU una corrección que mitigue la presión de Washington.
