El presidente Gustavo Petro intensificó la presión contra las disidencias de las FARC al denunciar públicamente al líder del Estado Mayor Central (EMC), Iván Mordisco, como el principal reclutador de menores en el país, y amenazó con llevar su caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco del debate sobre la política de seguridad y las operaciones militares contra grupos armados, especialmente aquellas que implican bombardeos en zonas con presencia de menores.
El dilema de los bombardeos y la “cobertura de riesgos”
Petro defendió la necesidad de mantener las acciones militares, argumentando que una suspensión de los bombardeos actuaría como un incentivo perverso para los cabecillas de los grupos armados.
“Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores”, afirmó el mandatario.
Según el Presidente, la medida busca evitar que los cabecillas, al sentirse protegidos por la presencia de menores, intensifiquen la práctica de usarlos como escudos humanos para evadir los operativos de la Fuerza Pública.
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El antecedente de la controversia
La defensa que hace el Presidente de las acciones militares se produce en un contexto de extrema sensibilidad política. Este debate se reactivó en el país tras operaciones militares previas donde se confirmó la muerte de menores de edad que habían sido reclutados.
El escándalo alcanzó su punto máximo cuando, a raíz de un bombardeo donde se reportó la muerte de varios niños, el entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar por la presión política y ética. Este antecedente subraya que el cuestionamiento se centra en si la inteligencia militar prioriza la vida de los niños en medio del conflicto, una crítica que Petro busca desactivar.
Logro del Gobierno y fuerte acusación
El jefe de Estado defendió los resultados de su política de seguridad en el ámbito de la protección a la infancia. Aseguró que durante su gobierno “se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores”, destacando este logro como un avance significativo.
Sin embargo, la declaración más contundente se dirigió a Iván Mordisco, líder de la principal facción disidente:
“Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país, lo denunciaré a la Corte Penal Internacional”.
La amenaza de la justicia internacional
La intención de llevar el caso ante la CPI eleva el conflicto a la esfera internacional, dado que el reclutamiento de menores es tipificado como un crimen de guerra por el Estatuto de Roma.
La denuncia formal ante La Haya implicaría que la Fiscalía de la CPI podría evaluar si existe un caso que justifique una investigación por crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos por ‘Mordisco’ y el EMC, un movimiento que subraya la seriedad con la que el Gobierno aborda esta violación de derechos humanos.
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