La crisis humanitaria en el departamento del Cauca ha alcanzado un nuevo nivel de alarma. Un reciente informe revela una cifra escalofriante: al menos 233 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados forzadamente por grupos armados ilegales en lo que va del año 2025.
Esta estadística confirma que el Cauca se mantiene como el epicentro de la guerra contra la niñez en Colombia, donde la disputa territorial entre las disidencias de las FARC (especialmente el Estado Mayor Central) y el ELN ha convertido a los menores en el principal “combustible” para engrosar las filas de la violencia.
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La guerra contra los más vulnerables
El reporte indica que la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, poblaciones históricamente golpeadas por el abandono estatal y la presencia armada. Municipios como Argelia, Toribío, Jambaló y Caldono son los puntos más críticos.
Los métodos de reclutamiento han evolucionado y se han vuelto más perversos:
- Engaños y falsas promesas: los reclutadores ofrecen dinero, motocicletas o “trabajo” para atraer a menores en situación de pobreza extrema.
- Redes sociales: plataformas digitales (como TikTok y Facebook) están siendo usadas activamente para contactar, enamorar y engañar a niñas y adolescentes, sacándolos de sus hogares hacia campamentos guerrilleros.
- Presión en escuelas: se han documentado casos de incursiones o presiones directas en entornos escolares, vulnerando los espacios que deberían ser seguros.
No son casos aislados
La Defensoría del Pueblo ha reiterado en múltiples ocasiones durante este año que el reclutamiento no es un daño colateral, sino una estrategia deliberada de guerra. Las autoridades advierten que los menores son utilizados no solo como combatientes, sino también para labores de inteligencia, transporte de explosivos y, en el caso de las niñas, frecuentemente son víctimas de violencia sexual y esclavitud doméstica.
“El incremento de estos casos en el Cauca refleja la persistencia del conflicto armado y la expansión de los actores ilegales en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo limitada”, advierten expertos en derechos humanos.
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