La crisis del sistema de salud ha tocado fondo en las principales urbes del país. En una reunión extraordinaria, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió una alerta máxima: la operación de la Nueva EPS —la aseguradora más grande del país— está colapsada, arrastrando consigo a la red pública hospitalaria y cobrando vidas por la falta de medicamentos.
Ante la falta de soluciones del Gobierno Nacional, las capitales anunciaron una alianza para tomar dos vías jurídicas: adherirse masivamente a una acción popular y solicitar ante la Corte la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucionales.
¿Qué es el ECI?
La declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) es una figura excepcional utilizada por la Corte Constitucional cuando se comprueba que existe una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales (como el derecho a la salud) causada por la falta de acción u omisión estructural del Estado. Una declaratoria de ECI obliga al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes y concretas para superar la crisis.
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Las cifras del colapso
El diagnóstico presentado por los secretarios de salud revela un deterioro financiero alarmante de la Nueva EPS, respaldado por cifras de la Contraloría:
- Deuda disparada: pasó de $5,42 billones en 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025.
- Facturas en el limbo: existen 22 millones de facturas sin auditar que suman $22,1 billones.
- Siniestralidad: entidades intervenidas gastan mucho más de lo que reciben (índices superiores al 130), sin mejorar el servicio.
El epicentro de la crisis
Las capitales, que prestan más del 70% de los servicios especializados, reportan una saturación insostenible.
- Bogotá: la deuda con la red pública se triplicó a más de $90.000 millones. “Cientos de personas están en riesgo de muerte por falta de acceso a tratamientos”, advirtió Gerson Bermont, secretario de Salud.
- Medellín: la ciudad inyectó $400.000 millones propios para evitar el cierre de servicios ante los impagos.
- Valledupar y Puerto Carreño: reportan cierre total en entrega de medicamentos y fallecimientos por falta de traslados.
Cali: “Es un problema sistémico”
Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, enfatizó que las alertas individuales no funcionan y propuso elevar la discusión a las Altas Cortes.
“Desde Cali creemos que el camino debe ser colectivo… Por eso proponemos una acción conjunta solicitando una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales con un sustento técnico y jurídico”, señaló Escobar.
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La ruta de acción conjunta
En el manifiesto público, los secretarios acordaron tres acciones inmediatas:
- Acción popular: adhesión masiva a la demanda interpuesta por Medellín para obligar el pago de deudas.
- Mesa técnica: exigencia de instalación de mesa con Minsalud, Supersalud y ADRES.
- Plan de choque: solicitud de un cronograma de pagos público antes de finalizar el 2025.
Asocapitales concluyó con una advertencia clara: “No seremos espectadores pasivos. El derecho fundamental a la salud debe ser garantizado. Hoy, esa garantía está quebrantada”.
