La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la expedición de los pasaportes. Lo hizo luego de recibir una denuncia del precandidato presidencial de derecha, Abelardo De La Espriella, por presunto abuso de función pública en calidad de determinador.
Según De La Espriella, fue un “atropello institucional” adjudicar el negocio de pasaportes a la Imprenta Nacional, pues esta carece de capacidad técnica y operativa para expedir los documentos. Por eso, la Comisión de Acusación —presidida por la representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta—, ordenó realizar una inspección del caso en la Procuraduría, así como revisar el papel que tuvo el exjefe de Despacho, Alfredo Saade.
El Ministerio Público es quien se encarga de investigar el caso y tiene en la mira a la canciller Rosa Villavicencio. Está revisando si hubo omisión de un proceso de selección competitivo, ya que la Imprenta no contaría con la capacidad y así tendría que subcontratar los servicios para la producción de los pasaportes. Por eso, determinará se omitió la ley que rige la contratación con organismos internacionales y supuestos vicios de trámite en la Junta Directiva de la Imprenta.
Contexto: Cancillería extiende contrato para la expedición de pasaportes.
La novela de los pasaportes
El punto de inflexión ocurrió en 2023, cuando la Cancillería, bajo la dirección del excanciller Álvaro Leyva, declaró desierta una multimillonaria licitación, alegando que las condiciones estaban diseñadas a la medida de Thomas Greg & Sons —firma dueña del negocio por dos décadas—, lo cual desencadenó investigaciones y la suspensión de Leyva por parte de la Procuraduría.
Para reemplazar al contratista tradicional, el gobierno colombiano articuló un convenio interadministrativo entre la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Casa de la Moneda de Portugal (Incm) para asumir la expedición de los documentos. Este acuerdo, valorado en más de un billón de pesos, se presentó como una vía para modernizar el sistema y romper el monopolio. Pero la Procuraduría demandó la legalidad del convenio.
La demanda de la Procuraduría contra el convenio con Portugal mantiene congelada la transición hacia el nuevo operador, mientras que la constante necesidad de expedir pasaportes ha forzado a la Cancillería a mantenerse vinculada a Thomas Greg & Sons a través de contratos temporales o prórrogas.
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