Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022-2026. Según la entidad, la campaña del hoy presidente superó los topes de gasto en ambas vueltas y recibió aportes que la ley no permite. Por esos hallazgos, el CNE impuso multas millonarias y remitió el expediente a autoridades judiciales para nuevas investigaciones.
El debate del CNE arrancó temprano y no se extendió más de una hora. Hubo participación de conjueces por recusaciones e impedimentos previos. Finalmente, la mayoría de magistrados aprobó la ponencia que ya venía con respaldo dentro de la corporación.
La votación contó con el apoyo de los magistrados que realizaron la investigación y otros integrantes de distintas colectividades políticas. Un conjuez votó en contra y una magistrada se apartó del caso por una recusación previa. El magistrado Álvaro Echeverry también estuvo por fuera de la decisión al declarar un impedimento por haber trabajado antes con el Pacto Histórico.
Superación de topes, aportes no reportados y pagos a testigos
El análisis del expediente mostró que la campaña superó los límites legales en más de 5.000 millones de pesos. Gran parte de ese dinero no fue reportado en los informes oficiales. Entre los hallazgos se encuentran contratos de publicidad política, aportes de sindicatos y pagos a miles de testigos electorales en todo el país.
El CNE también identificó donaciones de entidades con restricciones para participar en la financiación de campañas. Ese punto resulta grave porque la ley exige plena claridad sobre el origen de los recursos en una contienda presidencial.
Multas millonarias y copias a la Fiscalía
La sanción impuesta supera los 5.900 millones de pesos, que deberán asumir tanto los responsables financieros de la campaña como dos partidos políticos que la respaldaron. Entre los sancionados está Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto a la auditora y la tesorera de esa organización política.
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Además de las multas, el CNE ordenó enviar copias del expediente a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El objetivo es que se determine si hubo posibles delitos relacionados con la financiación electoral y el reporte de gastos durante la campaña del Pacto Histórico.
