El Ministerio del Trabajo ha puesto la lupa sobre los gigantes del consumo masivo en Colombia. Tras recibir múltiples quejas por presunta explotación laboral, la cartera liderada por Gloria Inés Ramírez anunció la apertura de investigaciones y visitas de inspección a las empresas propietarias de marcas como Vive 100, Bonice (Quala) y Crem Helado (Meals de Colombia).
El centro de la investigación radica en la naturaleza de la relación contractual que estas compañías mantienen con su fuerza de venta en las calles: miles de ciudadanos que, bajo la figura de “microempresarios” o “distribuidores independientes”, visten los uniformes de las marcas sin contar con prestaciones sociales, salud o pensión.
“No es justo que se enriquezcan a costa de la gente”
La Ministra del Trabajo fue contundente al señalar que el enriquecimiento empresarial no puede darse a expensas de la dignidad humana. “No es justo que unas empresas se enriquezcan y los trabajadores, que son los que les ayudan a generar la riqueza, no tengan seguridad social”, afirmó Ramírez.
Las autoridades buscan determinar si existe una subordinación real (cumplimiento de horarios, uso de uniformes, zonas delimitadas) que obligaría a las empresas a formalizar a estos trabajadores, quienes hoy asumen todo el riesgo comercial.
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Voces ocultas: La realidad tras el uniforme
Bajo la condición de proteger su identidad por temor a represalias, dos vendedores compartieron su situación, la cual refleja el núcleo de la investigación gubernamental:
Testimonio Protegido 1: Madre cabeza de hogar
“En días malos, me va terrible. Yo compro las botellas al por mayor a $2.700 y las vendo a $3.500. Si me va como hoy y solo vendo dos, me quedan $1.600 de ganancia. ¡Eso no saca ni para el pasaje de vuelta! La gente ya no tiene plata y uno siente la pena de volver a la casa con esas cajas casi llenas. No tenemos más y la pieza sí hay que pagarla puntual”.
Testimonio Protegido 2: Vendedor del sector popular
“A mi edad, me duelen las rodillas de tanto cargar la caja. Compré paquete de Bonice a casi $8.000 para vender, pero el primer día solo vendí cuatro. A $1.000 la unidad, imagínese. La ganancia es poquita y si me toca rogar mucho, ni eso saco. La plata que uno hace no alcanza para el bus ni para pagar las cositas de uno. Más cuando saca un préstamo que así sea chiquito se siente como una soga al cuello”.
Un modelo en la cuerda floja
El Gobierno Nacional ha reiterado que el objetivo no es acabar con las fuentes de empleo, sino dignificarlas. La investigación busca establecer si estas marcas están evadiendo responsabilidades parafiscales al trasladar los costos operativos y las pérdidas a los eslabones más débiles de la cadena.
El Ministerio del Trabajo ha advertido que las sanciones por intermediación laboral ilegal pueden ser millonarias si se comprueba que existe una relación laboral encubierta tras la fachada de “trabajo independiente”.
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