Este martes 2 de diciembre, avanzó la audiencia contra Nicolás Petro en Barranquilla. La fiscal del caso, Lucy Laborde, pidió que sea enviado a cárcel mientras continúa el proceso. Señala que, cuando fue diputado del Atlántico, habría direccionado contratos y se habría quedado con parte de los recursos.
La Fiscalía aseguró que Petro habría favorecido la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, durante 2021 y 2022. Según la acusación, parte de los recursos habría sido destinada a gastos personales de él, su entonces esposa Daysuris del Carmen Vásquez, y de Pedro Name, vinculado al proceso.
“Solicito medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario”, indicó Laborde ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla. La fiscal, además de la imputación por interés indebido en contratos, peculado, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falso testimonio, señaló que Petro habría usado a su exesposa como intermediaria en la asignación de los contratos.
Según la Fiscalía, Daysuris coordinaba los procesos con el representante de la fundación y funcionarios de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Petro. Laborde presentó un audio donde se evidenciaría cómo se pactaban pagos, selección de personal y detalles de los contratos, que en el papel tenían fines sociales pero, presuntamente, se usaron para beneficio personal.
Entramado de influencias y comunicación
El ente acusador explicó que Petro habría ejercido presión y control sobre los contratos, manteniendo contacto directo con su pareja y supervisando cada gestión. Los Chats revelados, al parecer, mostrarían que daba instrucciones específicas sobre los pagos y solicitaba “reserva” en la comunicación.
La Fiscalía señaló que el exdiputado intervino en reuniones con personas de influencia, entre ellos el ministro de Transporte Guillermo Reyes González, además de funcionarios de la Gobernación del Atlántico, para asegurar que los contratos fueran adjudicados a la fundación.
Se trata, según Laborde, de un acuerdo corrupto que permitió direccionar los contratos y apropiarse de recursos públicos. En uno de los chats se habla de la entrega de 240 millones de pesos a personas involucradas en el proceso.
Caso Nicolás Petro: acceso irregular a información reservada
Además de la imputación por corrupción, la Fiscalía denunció un acceso irregular a información confidencial en el caso de Petro. Laborde afirmó que el 10 de septiembre de 2025 llegó a su despacho un poder firmado por Petro que hacía referencia a un proceso en el que aún no estaba vinculado.
Este hecho, según la fiscal, demuestra que el investigado habría obtenido datos reservados sin autorización, lo que compromete la integridad del proceso. Por ello, reiteró la necesidad de detención preventiva intramural para garantizar que no haya interferencia en la investigación.
La audiencia continúa y el proceso judicial contra Nicolás Petro sigue su curso en Barranquilla. La Fiscalía mantiene la solicitud de cárcel mientras recopila todas las evidencias sobre presuntas irregularidades en contratos y apropiación de recursos.
