Una nueva polémica ha surgido en Cartagena de Indias, centrada en la denuncia de la presunta privatización de una playa pública. Ciudadanos y activistas han elevado una queja formal ante las autoridades locales, alertando sobre restricciones de acceso e instalación de mobiliario y estructuras que estarían impidiendo el libre tránsito y uso de un sector de la costa.
La controversia se enmarca en un debate recurrente en la ciudad amurallada, donde el desarrollo turístico y hotelero choca a menudo con los derechos de uso público de los bienes nacionales.
Restricciones y estructuras exclusivas
Según la denuncia, el problema radica en que ciertas propiedades o establecimientos turísticos estarían utilizando franjas de arena de forma exclusiva, instalando barreras o limitando el acceso peatonal a las playas. Estas, por su naturaleza, son bienes de uso público inalienables en Colombia.
La instalación de sillas, carpas, o vallas que impidan o dificulten el paso o la permanencia libre de los bañistas constituye una violación a la normativa costera, la cual establece que la zona de bajamar (franja de arena húmeda y seca) debe ser de libre acceso para todos los ciudadanos.
Investigan la denuncia
Ante la gravedad de la situación, se espera que la Alcaldía de Cartagena y la Dirección General Marítima (Dimar) activen los protocolos de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad. Estos organismos son los encargados de salvaguardar los bienes de uso público y garantizar que no existan invasiones o restricciones ilegales en las playas.
El resultado de la investigación determinará si se imponen sanciones o si se ordena el desmonte de cualquier estructura que esté coartando el derecho fundamental al uso y disfrute de la playa, un atractivo vital para el turismo y la identidad de Cartagena.
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