El pulso por la definición del salario mínimo para 2026 ha comenzado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) con posturas diametralmente opuestas. Mientras los gremios empresariales (ANDI, Fenalco) establecieron su “piso” en un 7,21%, las centrales obreras (CUT, CGT, CTC) destaparon su carta exigiendo un 16%, argumentando que el país debe saldar una deuda histórica con la clase trabajadora.
La postura obrera: Recuperar lo perdido (16%)
Más allá de una cifra, la propuesta sindical del 16% se fundamenta en un concepto clave: la recuperación del poder adquisitivo perdido y la redistribución de la productividad acumulada.
Las centrales obreras argumentan que los incrementos de los últimos años, aunque nominalmente altos, han sido devorados por la inflación real de la canasta familiar, la cual afecta desproporcionadamente a los hogares de ingresos bajos. Su pliego de peticiones se sostiene en tres pilares:
- Deuda de productividad: sostienen que durante décadas la productividad laboral ha crecido sin reflejarse equitativamente en los salarios, generando una brecha que debe cerrarse progresivamente.
- Reactivación por demanda: contrario a la tesis empresarial de que el aumento salarial genera desempleo, los sindicatos defienden que un mayor ingreso disponible en los hogares ($1.651.260 más auxilio de transporte, según su propuesta) estimulará el consumo interno, reactivando la economía desde la demanda.
- Mandato constitucional: insisten en el cumplimiento de las normas de la OIT sobre un “salario vital” que cubra las necesidades reales, más allá del dato frío del IPC.
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La estrategia empresarial: Prudencia por el empleo (7,21%)
En la otra orilla, la propuesta del 7,21% del sector privado busca ceñirse a la fórmula técnica: IPC (5,30%) + Productividad (0,91%) + 1 punto de ganancia real. Su argumento central es la protección del tejido empresarial, compuesto en más de un 90% por Mipymes, las cuales no podrían soportar un alza de dos dígitos sin recurrir a despidos o a la informalidad.
Radiografía de la negociación: De la pandemia a la reactivación (2020-2025)
Analizar el comportamiento de la mesa de concertación desde 2020 permite entender la tendencia reciente: los acuerdos son la excepción y los decretos la norma, pero siempre garantizando una ganancia real por encima de la inflación.
| Año de Negociación | Salario para el Año | Inflación Causada (IPC) | Incremento Decretado/Acordado | Ganancia Real (Puntos) | ¿Hubo Acuerdo? |
| 2024 | 2025 | 5,20% | 9,53% | +4,33 | No (Decreto) |
| 2023 | 2024 | 9,28% | 12,07% | +2,79 | No (Decreto) |
| 2022 | 2023 | 13,12% | 16,00% | +2,88 | Sí (Acuerdo) |
| 2021 | 2022 | 5,62% | 10,07% | +4,45 | Sí (Acuerdo) |
| 2020 | 2021 | 1,61% | 3,50% | +1,89 | No (Decreto) |
| 2019 | 2020 | 3,80% | 6,00% | +2,20 | No (Decreto) |
Fuente: Datos históricos MinTrabajo y DANE.
Análisis de la tendencia:
- Ganancia real sostenida: desde 2020, el incremento siempre ha superado la inflación. Sin embargo, la brecha de ganancia real ha sido mayor en los años de acuerdo (2022) o en decretos recientes del actual gobierno (2025).
- El efecto político: los años en que se logró concertación (para vigencias 2022 y 2023) coincidieron con momentos de alta presión social o voluntad política explícita de “gran acuerdo nacional”.
La predicción: El umbral del doble dígito
Con las cartas sobre la mesa (7,21% vs. 16%), el margen de negociación es amplio. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha manifestado su intención de mantener el poder adquisitivo. Si la tendencia histórica se mantiene, el punto de equilibrio buscará superar la barrera psicológica del 10%, ubicándose probablemente entre el 9,5% y el 11%, cifra que permitiría al Gobierno decretar un aumento popular sin romper completamente la estructura de costos de las empresas.
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