Un nuevo capítulo en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, tomó un giro inesperado este lunes 15 de diciembre. Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Procuraduría General de la Nación se opuso a la petición de la Fiscalía de enviar a Petro a prisión, al considerar que no se cumplen los requisitos para la detención preventiva.
La diligencia se lleva a cabo ante un juez de garantías de Barranquilla, y se centra en una nueva imputación de cargos relacionada con presunta contratación irregular en la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso).
La Fiscalía pide cárcel por presuntos contratos amañados
La fiscal del caso, Lucy Laborde, solicitó al juez Jorge Alberto Ortiz que se ordene la detención intramural de Petro Burgos. Según la investigación, el exdiputado se habría beneficiado, entre 2021 y 2022, con dinero proveniente de dos contratos “amañados” de la Gobernación.
La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro obtuvo provecho de esta contratación con la ayuda de su expareja, Day Vásquez, quien actúa como testigo clave en este proceso. El monto de los dineros supuestamente apropiados asciende a $111 millones de pesos provenientes de convenios destinados a la protección de personas de la tercera edad.
La postura crítica de la Procuraduría
El procurador Henry Bustos, delegado del Ministerio Público, intervino en la audiencia para expresar su oposición a la medida de aseguramiento. La postura del delegado se basó en varios puntos cruciales:
- No es un peligro para la sociedad: el procurador Bustos afirmó que, aunque se presume la participación de Petro en la apropiación de dineros, “no se puede inferir de manera razonable que, como posiblemente intervino en conductas punibles, ello conduzca a concluir que en el futuro el señor Nicolás Petro seguiría cometiendo actos delictivos”.
- Ausencia de organización criminal: la Procuraduría sostuvo que el caso no se trata de una organización criminal, sino de una coparticipación del imputado, lo cual, a su juicio, no amerita el envío a prisión.
- Reparos a los cargos: Bustos hizo observaciones frente a los cuatro delitos imputados (interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación). En el caso de tráfico de influencias, sugirió que la influencia sobre los servidores públicos pudo haber sido ejercida más por Day Vásquez que por el exdiputado.
La conexión con el segundo proceso judicial
El delegado de la Procuraduría también abordó la conexión entre esta nueva imputación y el proceso anterior que enfrenta Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El procurador insistió en que esta nueva acusación no representa una “continuación de una conducta delictiva”, sino que ambos casos estarían correlacionados.
La decisión del juez Jorge Alberto Ortiz, que se conocerá en las próximas horas, determinará si Nicolás Petro Burgos continuará defendiéndose en libertad o será enviado a un centro carcelario.
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