El asesinato de los subintendentes Jorge Gómez y Rober Melo a manos de presuntos terroristas del ELN no solo generó luto, sino que avivó la polarización política en Colombia, concentrando el debate en la política de seguridad del Gobierno Nacional. Voces influyentes del país han responsabilizado directamente al Ejecutivo por la incapacidad de frenar los ataques de grupos armados en el suroccidente.
Abelardo de la Espriella: “Petro es una deshonra”
El aspirante a la presidencia Abelardo de la Espriella protagonizó la crítica más severa al Gobierno, utilizando un lenguaje fuerte para condenar la situación. Su pronunciamiento se enfoca en la percepción de que la política de “Paz Total” ha envalentonado a los grupos criminales:
“Mis condolencias a las familias de los héroes asesinados en la ciudad de Cali. Su memoria será honrada. No permitiremos que la complicidad con los bandidos se extienda cuatro años más”.
De La Espriella argumenta que la estrategia de paz del gobierno es un “acto criminal” que termina por “darle poder al ELN y a otras bandas narcotraficantes para que ataquen a la ciudadanía”. La crítica central del abogado se dirige al rol del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, un cargo que, según él, ha sido deshonrado:
“Gustavo Petro es una deshonra como comandante en jefe de la Fuerza Pública; le entregó el país al crimen. Voy a recuperarlo con la ayuda de Dios y el amparo de las armas legítimas del Estado. Firme por la Patria”.
Mis condolencias a las familias de los héroes asesinados en la ciudad de Cali. Su memoria será honrada. No permitiremos que la complicidad con los bandidos se extienda cuatro años más.
Es un acto criminal darle poder al ELN y a otras bandas narcotraficantes para que ataquen a la… https://t.co/pJeDjZpM7o
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 16, 2025
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El rechazo unánime y la exigencia de acciones
Más allá de la retórica confrontativa, el atentado actuó como punto de unidad entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. Ambas administraciones no solo duplicaron la recompensa a $400 millones, sino que emitieron declaraciones conjuntas para exigir al Gobierno Nacional una estrategia clara y firme.
Líderes de la oposición y de otros sectores políticos respaldaron esta postura, argumentando que el cese al fuego y los diálogos con el ELN no pueden significar una tregua para el terrorismo. La demanda principal es que el Gobierno fortalezca el pie de fuerza y la capacidad de inteligencia en el suroccidente, una zona que se siente sola y asediada por las economías ilegales.
La reacción política al atentado de Cali subraya la profunda división que existe en el país sobre cómo debe abordarse el conflicto armado, con los críticos señalando la ineficacia de la “Paz Total” ante un grupo como el ELN, cuya presunta autoría en el ataque es vista como una afrenta directa al Estado.
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