La confirmación de que Daniel Quintero Calle aspirará a la Presidencia con el aval del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) no es solo una alianza política; es la última carta de una estrategia de supervivencia. La decisión surge como respuesta directa a dos reveses que amenazaban con dejarlo fuera del tarjetón: la negativa de la Registraduría a inscribir su comité de firmas y su retirada calculada de la consulta del Pacto Histórico.
Lo que para sus seguidores es una muestra de resiliencia y para sus críticos una “obsesión por el poder”, se materializa hoy en el uso de una personería jurídica prestada para sortear un campo minado legal.
El bloqueo de la Registraduría: el fin de la ‘independencia’
El camino natural de Quintero, a través de su propio movimiento Independientes, quedó clausurado tras un fallo del Consejo de Estado que anuló su personería jurídica. Al intentar la vía alternativa —la recolección de firmas a través de un Grupo Significativo de Ciudadanos—, se encontró con un muro institucional.
La Registraduría Nacional negó la inscripción de su comité promotor argumentando inconsistencias legales insubsanables en la conformación del mismo. Sin partido propio y sin la posibilidad de recoger firmas, Quintero quedó en un limbo jurídico que solo podía resolver consiguiendo un aval externo como el que finalmente le otorgó AICO.
¿Por qué no en el Pacto Histórico?
Aunque inicialmente coqueteó con la idea de ser el sucesor de Gustavo Petro, Quintero se bajó de la consulta interpartidista del Pacto Histórico alegando una “trampa estratégica”.
Según fuentes cercanas a su campaña, su equipo jurídico advirtió un riesgo letal:
- Inhabilitación cruzada: al convertirse la consulta en un mecanismo interpartidista y no interno, si Quintero participaba y perdía (o incluso si ganaba pero bajo ciertas reglas), podría quedar inhabilitado por doble militancia para buscar alianzas posteriores o presentarse por otro movimiento en la primera vuelta de 2026.
- Falta de garantías: el exalcalde denunció públicamente que las reglas de juego favorecían a los candidatos “purasangre” del petrismo, dejándolo a él en desventaja frente a las maquinarias de partidos como la Colombia Humana o el Polo Democrático.
AICO: el salvavidas legal y financiero
Con este aval, Quintero no solo asegura su foto en el tarjetón, sino que accede a la estructura que le fue negada por otras vías:
- Financiación estatal: desbloquea los anticipos del Fondo Nacional de Financiación Política, vitales para una campaña que ya no cuenta con la “caja” de la Alcaldía de Medellín.
- Blindaje: evita el riesgo de que el CNE invalide firmas a última hora, un temor constante en las campañas independientes.
“No nos dejaron recoger firmas y nos querían encerrar en una consulta sin garantías. AICO nos abre la puerta para una candidatura directa, sin jefes y sin miedo”, declaró Quintero al oficializar la alianza, en lo que se lee como un mensaje desafiante tanto al establecimiento electoral como a sus antiguos aliados del petrismo.
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