En una decisión sin precedentes que sacude los cimientos del panorama político nacional, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda).
La magistrada Aura Alexandra Rosero determinó que ambos exfuncionarios deben ser recluidos de manera preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.
La radical decisión del Tribunal
Aunque la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría habían solicitado inicialmente la detención domiciliaria (casa por cárcel), la magistrada Rosero rechazó esta pretensión. En su lectura de fallo, argumentó que:
- Insuficiencia de la casa por cárcel: la detención domiciliaria resultaba “insuficiente” frente a la gravedad y magnitud de los delitos imputados.
- Peligro para la comunidad: el Tribunal concluyó que los exministros representan un riesgo para la estabilidad institucional y el desarrollo de la investigación.
- Liderazgo criminal: la magistrada señaló que existen pruebas suficientes para considerar que Velasco y Bonilla actuaron como “cabezas” de una estructura criminal orientada a comprar apoyos políticos en el Congreso mediante el direccionamiento de contratos públicos.
Cargos y entramado de corrupción
Los exjefes de cartera fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la tesis de la justicia, los exministros habrían facilitado la entrega de contratos de obra e infraestructura a personas allegadas a congresistas a cambio de votos favorables para las reformas sociales y operaciones de crédito público del Gobierno Nacional. La magistrada advirtió que hubo una “indebida interferencia del Ejecutivo en la actividad legislativa” utilizando la UNGRD como una “caja menor” para fines políticos.
Reacciones y lo que sigue
La decisión incluye una orden de captura inmediata para ambos implicados. Por su parte, los equipos de defensa de Velasco y Bonilla, quienes sostienen su inocencia, anunciaron que interpondrán recursos de apelación contra la medida.
Este hito judicial se produce en medio de un clima de tensión política, donde otros implicados de alto perfil, como Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) y César Manrique (exdirector de Función Pública), permanecen actualmente prófugos de la justicia.
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